La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, presentó este viernes una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en la que solicita una investigación formal por el supuesto uso indebido de fondos públicos por parte del gobierno de Jenniffer González. Según la querella, dichos recursos habrían sido utilizados para difundir mensajes “con claros matices político partidistas”, incluyendo contenido alusivo a la empresa LUMA Energy.
Pérez Martínez señaló que “la Constitución exige neutralidad absoluta del Estado en asuntos político partidistas. Ningún ciudadano debe verse forzado a costear, con su dinero, la promoción de promesas de campaña o la exaltación de la imagen política de un funcionario electo”. Añadió que tales prácticas violan la Constitución del Estado Libre Asociado, la Ley Electoral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La denuncia de Proyecto Dignidad menciona varios anuncios con la imagen de la gobernadora difundidos en vallas digitales, redes sociales y medios de comunicación. Entre ellos, piezas relacionadas con la demanda del gobierno contra LUMA para cancelar su contrato, la reforma contributiva y otras iniciativas.
Uno de los anuncios en controversia, con el mensaje “Promesa cumplida… LUMA está de salida”, se habría difundido en plataformas institucionales acompañadas de logos oficiales, entre ellos el del Departamento de Hacienda, según argumentó Pérez Martínez.
El documento sostiene que estos mensajes “trascienden el deber legítimo del Estado de informar, al presentar mensajes que exaltan logros de la administración, vinculan dichos logros al liderato personal de la gobernadora y refuerzan narrativas asociadas a promesas de campaña, obligando así al pueblo a financiar mensajes con impacto político”.
Como apoyo, la querella cita un precedente del Tribunal Supremo de 1995 que prohíbe el uso de fondos públicos para comunicación con connotaciones político partidistas. Asimismo, recuerda que la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución limita los fondos públicos exclusivamente a fines públicos.
Entre los remedios solicitados, Proyecto Dignidad pidió a la OCE abrir una investigación formal, evaluar el contenido, contexto y efecto de los anuncios, ordenar el cese inmediato de cualquier difusión que infrinja la ley y aplicar sanciones si se confirman violaciones.
El Nuevo Día solicitó y espera por la reacción de La Fortaleza sobre la querella presentada.
