El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) podría quedar impedido de utilizar el dispositivo de contención corporal conocido como WRAP, de aprobarse un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, denominada “Ley de Prohibición de Dispositivos de Contención Corporal”, fue presentada por la representante demócrata Delia Ramírez, de Illinois. La medida busca prohibir la compra futura de estos dispositivos y establecer normas de supervisión e informes sobre su uso.
Ramírez citó una investigación de Associated Press que documentó el uso del WRAP por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —agencia bajo el DHS— en personas detenidas, incluso durante horas, en vuelos de deportación desde 2020. “El WRAP alimenta la destrucción en nuestras comunidades y el sufrimiento humano. Esta legislación es un paso más para poner fin al dolor y la violencia causados por el DHS”, declaró.
Fabricado por Safe Restraints Inc., con sede en California, el WRAP ha enfrentado múltiples demandas federales que lo vinculan con castigos y torturas. Organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de supervisión del ICE en el uso del dispositivo, contraviniendo lo requerido por la ley federal, y advirtieron que el verdadero alcance de su aplicación sigue siendo desconocido.
AP identificó además al menos una docena de muertes en la última década en las que autopsias determinaron que el uso del WRAP por parte de policías o carceleros influyó en el fallecimiento de los detenidos. El DHS no respondió a las preguntas ni ofreció comentarios sobre la legislación.
Según Bloomberg Law, el DHS ha pagado $268,523 a Safe Restraints Inc. desde 2015, durante la administración Obama, hasta junio de 2025. El 91% de ese gasto se realizó bajo las administraciones Trump.
El director ejecutivo de la compañía, Charles Hammond, defendió el dispositivo, asegurando que ofrece una “alternativa más segura, humana e indolora” frente a otros métodos de contención. Sin embargo, AP encontró que los agentes del ICE aplican el WRAP con criterios menos rigurosos que los recomendados por el fabricante. Algunos detenidos aseguraron haber sido inmovilizados incluso después de ser encadenados, como forma de castigo o intimidación.
Tras las denuncias de AP, once senadores demócratas enviaron una carta a las autoridades migratorias advirtiendo que el uso de restricciones corporales completas durante los vuelos de deportación genera serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
