El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico acogió con cautela un proyecto impulsado por la administración de Jenniffer González que busca retener y atraer médicos a la isla. La iniciativa amplía las alternativas para cumplir con el requisito de servicio comunitario remunerado y acceder a beneficios contributivos.
El presidente del Colegio, Carlos Díaz, expresó su apoyo inicial al Proyecto de la Cámara 1087 —y su equivalente en el Senado 1001—, que enmienda el Código de Incentivos (Ley 60-2019) para que los médicos puedan completar las 180 horas anuales de servicios comunitarios, no solo mediante contratos con el Plan Vital, sino también a través de acuerdos con corporaciones y agencias del gobierno.
Entre las dependencias que podrían incluirse figuran la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
“Es una iniciativa que se ha estado trabajando hace tiempo. No lo veo mal. Lo veo como un incentivo positivo. Hay que ver los detalles”, indicó Díaz, quien subrayó que la remuneración a los médicos será clave para determinar la pertinencia de la medida.
El Código de Incentivos incluye las disposiciones de la antigua Ley 14-2017, que otorgó decretos contributivos a los médicos cualificados y estableció el cumplimiento de 180 horas de labor comunitaria no remunerada, salvo si se prestaban servicios para Plan Vital.
Díaz alertó sobre la preocupación por el éxodo médico, al señalar que “los médicos en Puerto Rico los estamos entrenando aquí y se van. Eso es fatal”. Añadió que el Comité de Incentivos Contributivos del Colegio está elaborando una propuesta adicional para estimular la permanencia de los galenos, cuyos detalles se divulgarán próximamente.
Según la exposición de motivos del proyecto, Puerto Rico ha sufrido una merma de aproximadamente 46% del total de médicos en los últimos 13 años, lo que equivale a más de 8,000 profesionales menos.
La Fortaleza explicó que la medida tiene tres propósitos: permitir el cumplimiento remunerado del requisito de servicio comunitario para eliminar la carga económica del trabajo no compensado; mejorar el acceso a servicios médicos especializados en áreas críticas fuera del Plan Vital; y fortalecer los esfuerzos de retención mediante alternativas más flexibles y viables.
Previas administraciones ya habían intentado frenar la fuga de médicos con leyes como la Ley 14-2017 y la Ley 60-2019. La primera estableció una tasa fija de contribución sobre ingresos del 4% y beneficios contributivos a médicos, dentistas y especialistas que ejerzan en Puerto Rico, además de exenciones de dividendos hasta $250,000. La Ley 60-2019 integró esas disposiciones y extendió exenciones a ingresos pasivos, dividendos y ganancias de capital.
El gobierno espera que este ajuste al Código de Incentivos logre ofrecer un modelo más atractivo para los profesionales de la salud y contribuya a frenar su emigración.
