La Paz, Bolivia — Hace menos de seis meses, la llegada del centrista presidente Rodrigo Paz al poder generó esperanzas de estabilidad en un país exhausto por la crisis económica y dos décadas de gobiernos socialistas. Sus primeras medidas, como garantizar el abasto de combustibles y reactivar vínculos internacionales, fueron celebradas. Sin embargo, ese optimismo se ha desvanecido entre violentas protestas que hoy paralizan al país.
Manifestantes armados con dinamita han bloqueado las principales rutas, desatando escasez de alimentos, combustible y medicinas. Los sectores indígenas y campesinos que lo apoyaron ahora exigen su dimisión, al considerar que traicionó sus promesas sociales. “Si no quieren diálogo, entonces no hay otro camino”, dijo Paz en un discurso nacional, mientras advertía sobre el riesgo de más muertes por los bloqueos.
Los antiguos aliados del Movimiento al Socialismo (MAS) se sienten defraudados. Paz excluyó al vicepresidente populista de su gabinete y no designó a representantes indígenas en altos cargos. Además, impulsó una reforma agraria cuestionada por comunidades rurales y eliminó subsidios a los combustibles, disparando los precios un 90%. Aunque aumentó el salario mínimo un 20% y ofreció ayuda a familias vulnerables, los sindicatos exigen más ajustes.
Los bloqueos, una táctica histórica de presión social en Bolivia, han aislado a La Paz y sus 1.6 millones de habitantes durante cuatro semanas. Los alimentos escasean y el pollo llega en aviones militares. Al menos cuatro personas han muerto por falta de atención médica, según el gobierno. En las calles, entre cacerolazos y consignas, crece la presión para que el mandatario reabra las carreteras sin importar el costo.
Pese a más de 120 detenciones, Paz insiste en evitar la violencia y ha optado por el diálogo. Redujo su salario, destituyó a su ministro de Trabajo e incorporó a un abogado indígena en el gabinete. No obstante, el Congreso le otorgó facultades para decretar un estado de excepción de 60 días, que pondría al ejército a cargo del orden público. El presidente lo considera un último recurso.
El expresidente Evo Morales, desde su refugio en el Chapare, pide elecciones anticipadas y acusa al gobierno de represión. Paz, por su parte, lo señala de financiar las manifestaciones, algo que Morales niega. Pese a estar prófugo por un caso de trata de personas, Morales mantiene influencia sobre sindicatos y sectores cocaleros que ahora se suman a las protestas.
Las reacciones internacionales reflejan profundas divisiones. Gobiernos aliados de Trump en América Latina respaldaron a Paz, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro defendió las protestas como una “lucha por la dignidad latinoamericana”, lo que llevó a Bolivia a expulsar al embajador colombiano. Estados Unidos calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado. “No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente”, advirtió el Secretario de Estado Marco Rubio.
Aunque el panorama es incierto, la crisis boliviana amenaza con escalar y revivir viejas tensiones políticas y sociales en el corazón de Sudamérica.
