El representante del Distrito 15, Joel Franqui Atiles, presentó un proyecto de ley para prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de 21 años en Puerto Rico. La medida pretende atender una problemática social que, según el legislador, ha cobrado vidas y afecta la seguridad pública.
“Esta medida busca proteger vidas. El acceso temprano al alcohol incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, conductas violentas y problemas de salud. La evidencia demuestra que retrasar la edad de consumo reduce esos peligros. Necesitamos una política pública nueva, con sanciones efectivas y esfuerzos de educación que promuevan la responsabilidad”, expresó el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes.
La pieza legislativa, denominada Ley para la Protección de la Juventud y Control del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Puerto Rico, define las bebidas alcohólicas como aquellas con más de 0.5 % de alcohol por volumen y considera menor a toda persona menor de 21 años.
En su exposición de motivos, el proyecto señala que en los últimos años se han registrado múltiples incidentes donde jóvenes bajo los efectos del alcohol han perdido la vida o causado muertes de terceros, especialmente en las carreteras. Según el legislador, la falta de madurez y experiencia, combinada con el consumo de alcohol, ha derivado en decisiones imprudentes con consecuencias fatales.
Franqui Atiles destacó que Puerto Rico podría estar perdiendo hasta $30 millones anuales por no contar con una legislación uniforme con la de Estados Unidos, donde la Edad Mínima Nacional para la Compra de Bebidas Alcohólicas es de 21 años. “Aquí mantenemos el límite en 18 años, lo que nos coloca en desventaja económica y limita herramientas de prevención. Actualizar esta política tendría un impacto fiscal positivo”, indicó.
El proyecto también dispone que los menores de 21 años no podrán consumir alcohol en lugares públicos o privados, salvo en ceremonias religiosas bajo supervisión eclesiástica. Igualmente, prohíbe que terceros compren alcohol para proveérselo a menores.
Las sanciones establecen multas de $2,500 por la primera infracción y $5,000 por reincidencia. Los comercios con más de dos violaciones podrían perder de forma permanente su licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Los establecimientos deberán verificar la edad del consumidor mediante una identificación válida con foto.
Además, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Departamento de Educación deberán desarrollar campañas educativas y programas de prevención sobre los efectos del consumo de alcohol en menores, con orientación en escuelas, universidades y medios de comunicación.
De ser aprobada por la Asamblea Legislativa, la ley entraría en vigor en enero de 2029, para permitir la difusión de información y ajustes en las regulaciones gubernamentales y comerciales.
