La gobernadora Jenniffer González firmó el proyecto del representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro, que convierte en ley la prohibición del uso de dispositivos electrónicos personales, incluidos los celulares, en las escuelas públicas hasta el octavo grado.
El estatuto establece tres excepciones: cuando los dispositivos se utilicen con fines educativos, para comunicarse con los padres en caso de emergencia, o por un acomodo razonable. La Asamblea Legislativa había aprobado una medida similar en la sesión pasada, pero recibió un veto de bolsillo luego de que se enmendara para aplicarse a estudiantes de todos los niveles. En esta ocasión, González puntualizó que creía “en la privación del uso de celulares en estudiantes de escuela primaria” y aseguró que se incorporaron todas las correcciones técnicas solicitadas.
La mandataria también firmó el Proyecto de la Cámara 614, que enmienda la “Ley de Internados del Gobierno” para incluir al menos dos estudiantes dotados en los internados estatales.
Por otro lado, González tiene hasta el 7 de enero para decidir el futuro de unas 40 medidas legislativas, entre ellas la Resolución Conjunta de la Cámara 193. Esta ordenaría a LUMA Energy detener el cobro de 300 dólares por “estudios suplementarios” a los 96,000 beneficiarios del programa de medición neta.
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, informó que “se pidieron evaluaciones y opiniones a diversos sectores” y que la gobernadora evaluará cada medida antes de decidir sobre su firma o veto. Añadió que los temas energéticos “siempre traen discusión pública” y que el proceso de análisis continúa.
La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico instó a González a firmar la RCC 193. Su director de Política Pública, Javier Rúa Jovet, afirmó que el cobro de 300 dólares “es, en la práctica, otro impuesto al sol” y que su eliminación sería un alivio para las familias y pequeños comercios afectados por el alza en la factura eléctrica. A este reclamo se unió el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, quien rechazó que el gobierno o LUMA impongan costos adicionales a las familias que producen su propia energía.
Entre las medidas pendientes de la gobernadora también figuran el Proyecto de la Cámara 602, que ofrecería un 40% de descuento en multas de tránsito y peajes; y el Proyecto de la Cámara 288, que busca declarar la calle Cerra como centro gastronómico y cultural metropolitano. “Hay otros proyectos de condohoteles, entre otros más, así que se han estado evaluando”, indicó Peña Payano, quien reiteró que las consultas con sectores públicos y privados forman parte del proceso antes de cualquier determinación final.
