Profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se manifestaron el martes frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey, reclamando la restitución de la fórmula presupuestaria del 9.6% y denunciando los aumentos en costos de matrícula. La protesta ocurre mientras el recinto permanece paralizado desde el 13 de abril en demanda de cambios en la gobernanza universitaria.
El catedrático Agustín Irizarry Rivera, con 29 años en la institución, reprochó la “mala gobernanza” que afecta a la UPR y comparó la situación con la intervención político-partidista que, a su entender, llevó al colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según Irizarry, “en Puerto Rico hay una expansión económica, las arcas de Hacienda están llenas y, por la fórmula, a la UPR le corresponderían unos $1,300 millones, pero solo recibe $500 millones”. Añadió que, en Estados Unidos, los estados invierten en promedio casi el 10% de sus recaudos en universidades públicas, y que hay jurisdicciones, como Utah, que destinan hasta un 24%.
La Ley 2 de 1966 establece que la UPR debe recibir el 9.6% del Fondo General, pero desde 2022 la asignación gubernamental se mantiene fija en $500 millones. Esta cantidad representa una fuerte reducción frente a los $834 millones asignados entre 2014 y 2017, y está muy por debajo de lo que contempla la fórmula derogada. Aquella política, suspendida en 2014 durante la administración de Alejandro García Padilla tras declararse una emergencia fiscal, otorgaría actualmente cerca de $1,300 millones a la universidad.
Durante la manifestación, los docentes exigieron además que el rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz, y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, abran el diálogo con el estudiantado sin recurrir a la fuerza policiaca. Marcel Castro Sitiriche, portavoz del colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil-RUM, pidió evitar cualquier enfrentamiento. “Le toca a la administración decidir si protege al estudiantado y busca diálogo, o si elige abrir los portones de forma violenta”, advirtió.
Pese a las órdenes judiciales emitidas para reabrir el campus, los estudiantes se mantienen en los portones, reclamando la renuncia de Muñoz Muñoz y de Jordán Conde, además de cambios en la política presupuestaria y una estructura de gobernanza libre de injerencia partidista. El Tribunal de Mayagüez volvió a ordenar la reapertura el lunes, y la presidenta de la UPR reafirmó que la institución actuará “con prudencia, responsabilidad y firmeza” en cumplimiento de las determinaciones judiciales.
La administración comenzó el martes a remover objetos que bloqueaban los accesos al recinto. No obstante, docentes y estudiantes reiteraron su oposición a la violencia. “Nos preocupa que los jóvenes se expongan a ese tipo de situación”, dijo Castro Sitiriche. La estudiante subgraduada Rayna Ramírez Vázquez sostuvo que su mayor temor es que “la Universidad deje de ser nuestro lugar seguro y nuestro sustento”.
Se espera que el Consejo General de Estudiantes del RUM convoque este jueves una asamblea extraordinaria para discutir los próximos pasos del movimiento.
