Profesionales de la salud, del derecho y portavoces de organizaciones defensoras de derechos exigieron a la gobernadora Jenniffer González vetar el Proyecto del Senado (PS) 504, que reconoce al nasciturus —o concebido no nacido— como “persona natural”. Aseguraron que la medida constituye un “ataque directo” contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
La abogada Yanira Reyes Gil, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, advirtió que otorgar personalidad jurídica al cigoto, embrión o feto suspendería los derechos y libertades de las gestantes durante el embarazo y podría generar conflictos legales en temas de herencia, pensión alimenticia, custodia y acceso a tratamientos médicos y de fertilidad asistida.
El proyecto, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría tres artículos del Código Civil para establecer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”. Varias organizaciones sostienen que esta redacción prioriza al feto por encima de la persona embarazada.
La ginecóloga obstetra Yarí Vale señaló que, de ser firmada, la medida afectaría gravemente la autonomía de las mujeres al tomar decisiones sobre su salud. “Si una persona requiere un tratamiento que pueda afectar al embrión, ¿no podrá decidir sobre su vida porque primero está la del feto?”, cuestionó.
Aunque Jenniffer González no ha expresado si vetará o firmará el proyecto, indicó que esperará la evaluación del Departamento de Justicia antes de tomar una determinación. El PS 504 fue aprobado por descargue, sin vistas públicas, y únicamente los departamentos de Justicia y Familia emitieron opiniones. Justicia destacó que la propuesta cambia significativamente la estructura jurídica vigente y mostró preocupación sobre los derechos hereditarios del nasciturus, mientras que la agencia de Familia favoreció su aprobación.
La versión final de la medida aclara que los derechos hereditarios reconocidos al concebido están supeditados al nacimiento y que no afectan la potestad de la mujer gestante para decidir sobre su embarazo conforme a la ley. Sin embargo, según Vale, la medida podría generar “una crisis de salud” al someter procesos médicos a regulación legal en lugar de protocolos clínicos.
Mayra Díaz Torres, experta en salud pública y también portavoz de Aborto Libre, advirtió que leyes de este tipo exponen a las mujeres a la criminalización y la vigilancia. Recordó que, en Estados Unidos, más de 400 mujeres han sido procesadas penalmente por pérdidas de embarazo o conductas consideradas peligrosas para el feto. Añadió que estas medidas afectan desproporcionadamente a mujeres racializadas, empobrecidas y de comunidades marginadas, y subrayó que el proyecto “demuestra que la violencia contra las mujeres también proviene del gobierno y de la Legislatura”.
El PS 504 cuenta además con el respaldo de los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, y de la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve.
