El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, expresó su respaldo a la recién firmada Ley 82-2026, que limita las impugnaciones de permisos de construcción y flexibiliza los usos en suelos rústicos especialmente protegidos. Hernández sostuvo que la medida busca frenar los procesos judiciales que, según dijo, ‘se detienen viciosamente’ y afectan el desarrollo ordenado de proyectos en el país.
El líder municipal explicó que aún espera que el tema del pago de una fianza equivalente al 10% del costo del proyecto –requisito para impugnar permisos de construcción en los tribunales– sea revisado durante la discusión legislativa del propuesto Código de Planificación y Permisos. Indicó que los alcaldes han sometido diversas enmiendas a dicho código con el fin de hacerlo más ágil y equilibrado en la evaluación de permisos y la protección ambiental.
Hernández insistió en que la intención de la Federación no es limitar el acceso a la justicia, sino evitar que procesos administrativos y obras de interés municipal se paralicen mediante impugnaciones que, a su juicio, carecen de fundamento real.
La Ley 82-2026 fue aprobada recientemente por la Legislatura y firmada por el Ejecutivo como parte de un paquete de reformas orientadas a simplificar el desarrollo urbano y la planificación en Puerto Rico.
