El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una votación de seis a tres, aprobó una decisión que otorga a los agentes de la Policía mayor discreción para realizar allanamientos sin orden judicial en propiedades que aparenten estar abandonadas. Según la determinación, las personas que se encuentren en tales inmuebles no tendrían una expectativa razonable de intimidad.
El dictamen ha generado preocupación entre abogados y expertos legales, quienes consideran que la medida representa un peligroso precedente. A su juicio, el fallo amplía de forma preocupante las facultades de las autoridades frente a los derechos de los ciudadanos y podría abrir espacio a abusos. Algunos juristas han calificado la decisión como “un error garrafal”, advirtiendo que debilita garantías fundamentales de privacidad y protección contra registros arbitrarios.
La resolución, dada a conocer el lunes 17 de noviembre de 2025, fue divulgada por la periodista Adriana Díaz Tirado.
