El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, advirtió que su equipo legal evalúa acciones judiciales ante la negativa del Departamento de Justicia de entregar detalles sobre los 229 casos archivados por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
Hernández sostuvo que la negativa de Justicia de divulgar las órdenes de cierre e informes fiscales, alegando que son documentos protegidos, demuestra un patrón de falta de transparencia que busca ocultar información de interés público. “Estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía a conocer los detalles de casos de alto interés público, y el Senado tiene la facultad de reclamar la información pertinente para ejercer su función de fiscalización y legislación”, afirmó.
A principios de mayo, el Senado aprobó la petición de información 2026-0063, que solicitaba a Justicia el listado de los casos cerrados conforme a la Orden Administrativa 2025-09 y una copia de cada orden de archivo. Según Justicia, entre junio de 2025 y abril de 2026 se cerraron 229 casos, incluyendo uno que investigaba desde 2022 a Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntas irregularidades cometidas mientras laboraba en el Departamento de Salud.
La subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, argumentó que los informes son documentos “predecisionales” y su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas exoneradas. Ante esta postura, Hernández recordó que el Senado ya ha enfrentado situaciones similares, como en el caso de Antonio Sagardía, y consideró que el gobierno actúa con un doble criterio. “Para perseguir a quienes denuncian corrupción son rápidos, pero para combatirla no hay la misma prioridad”, denunció.
El senador cuestionó también que Justicia entregara al Senado los detalles del caso de Roig Fuertes, pero se negara a hacerlo con los demás. “Si se pudo en ese caso, ¿por qué no con los otros? El proceder del Departamento evidencia que algo se oculta. ¿Qué caso cerraron que no quieren que el país conozca?”, manifestó.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, ha justificado las órdenes de cierre indicando que responden a una auditoría de la Oficina del Contralor, que detectó investigaciones pendientes desde 2014. Sin embargo, Hernández sostuvo que la Contraloría nunca ordenó detener los casos, sino reforzar la reglamentación de la DIPAC y asignar más fiscales para atenderlos.
