El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, advirtió que su equipo legal evalúa presentar una demanda contra el Departamento de Justicia por negarse a entregar información sobre el archivo de 229 casos que estuvieron bajo la consideración de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
De acuerdo con Hernández, la postura de Justicia, que alega que las órdenes de cierre y los informes fiscales son documentos protegidos por jurisprudencia, refleja un patrón de falta de transparencia que impide al país conocer información de alto interés público. “Estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía de conocer los detalles de casos de alto interés público, y el Senado tiene la facultad de reclamar la información pertinente para cumplir su función de fiscalización”, afirmó.
A inicios de mayo, el Senado aprobó la petición de información 2026-0063, solicitando a Justicia el listado de los casos cerrados al amparo de la Orden Administrativa 2025-09 y copias de cada orden de archivo. Según la agencia, entre junio de 2025 y abril de 2026 la DIPAC despachó 229 casos, incluyendo la investigación sobre Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia, por alegadas irregularidades cometidas mientras ocupaba un cargo en el Departamento de Salud.
La subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, sostuvo que los informes son documentos “predecisionales” y que su divulgación afectaría la privacidad de testigos y personas que no enfrentaron acusaciones. Sin embargo, Hernández señaló que el Departamento sí compartió detalles del caso de Roig Fuertes, pero niega hacerlo con los demás, lo que, a su juicio, evidencia falta de consistencia y posible ocultamiento. “¿Qué caso cerraron que no quieren que el país sepa, a quién buscan proteger?”, cuestionó.
El senador recordó que este patrón se ha repetido en otras controversias, como la de Antonio Sagardía, cuando el Senado tuvo que acudir a los tribunales para conseguir documentos. También criticó que el gobierno actúe con rapidez para perseguir a quienes denuncian irregularidades, pero no con el mismo celo para combatir la corrupción.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, defendió la aplicación de la orden administrativa, alegando que respondía a una auditoría de la Oficina del Contralor que identificó decenas de casos pendientes desde 2014. Hernández rechazó esa justificación al asegurar que el informe del Contralor nunca recomendó paralizar investigaciones, sino adecuar los procesos de la DIPAC y asignarle más recursos fiscales.
