Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes advirtieron que devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico provocaría que futuras revisiones se basen en intereses partidistas y no en datos económicos.
“Cuando se trata del salario mínimo, no se puede jugar a la política. Estamos hablando del sustento de miles de trabajadores y del futuro de nuestra juventud. Por eso, exigimos que la gobernadora Jenniffer González y la secretaria del Trabajo, María Vélez, detengan esa medida”, expresó el portavoz Héctor Ferrer Santiago, al referirse al Proyecto de la Cámara 1115.
La Ley 47 del 2021 delegó en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la responsabilidad de evaluar los ajustes salariales. El nuevo proyecto pretende devolver esa función al poder legislativo.
El representante Roberto López Román, del Partido Nuevo Progresista (PNP), defendió su medida alegando que la Comisión Evaluadora no ha operado con todos sus miembros ni representa equitativamente a los sectores implicados. Explicó que dos miembros responden a los trabajadores, dos a los patronos, dos a los economistas y uno al interés público. Argumentó además que la legislatura no puede presentar sus opiniones a la Comisión porque “no son personas electas”.
“En un principio, se creyó que iba a ser más ágil tener una junta, pero terminó no siéndolo. No es democrática porque los miembros no son electos. La única persona con inherencia es el gobernador, que los nombra, y el Senado, que los confirma”, opinó López Román.
Por su parte, Ferrer Santiago y el portavoz alterno Domingo Torres reclamaron a la gobernadora que nombre a los miembros faltantes de la Comisión. “En el pasado cuatrienio nadie tuvo reparo con la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Todo el mundo coincidió en que debía mantenerse fuera de los procesos políticos el tema del salario mínimo”, dijo Torres.
Ferrer Santiago, autor de la Ley 47, recordó que la normativa contiene limitaciones para evitar aumentos excesivos, estableciendo que ningún incremento podrá exceder el 25% del salario previo y deberá sustentarse con estudios sobre el mercado laboral, indicadores de empleo, planillas del Departamento de Hacienda y la inflación.
“En el 2021 pronosticaron que un alza salarial derrumbaría la economía. Las estadísticas demuestran lo contrario: cuando se aumenta el salario mínimo, hay efectos positivos”, afirmó Ferrer Santiago, acusando a López Román de “caer en manos de los grandes intereses”.
La Ley 47 dispuso incrementos escalonados: a $8.50 la hora desde enero de 2022, a $9.50 desde julio de 2023 y a $10.50 desde julio de 2024, este último con la aprobación de la Comisión Evaluadora. “No podemos permitir que el salario mínimo vuelva a las manos de los políticos. Cuando eso ocurre, los trabajadores no se benefician”, insistió Ferrer Santiago.
“El gobierno de Puerto Rico no había aprobado un aumento desde la década de los 90”, recordó el legislador, subrayando que los actuales presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, apoyaron la Ley 47.
López Román anticipó que se realizarán vistas públicas sobre su proyecto en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, que él preside, aunque aún no hay fecha para su celebración.
