El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes anunció que presentará una resolución conjunta para ordenar a las agencias públicas un recorte de 5% en sus presupuestos. Según los portavoces Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, las economías generadas —estimadas en $500 millones— se destinarían a financiar un alivio contributivo para la clase trabajadora.
Torres García explicó que los recortes no afectarían gastos esenciales como la tarjeta de salud, las pensiones del gobierno central, el servicio a la deuda ni la nómina. Aseguró que la propuesta no implicaría despidos, sino “ajustes razonables” en las agencias. “Si hablamos de un presupuesto de $50,000, serían unos $47,500. No es una cantidad que deje sin empleo a nadie”, dijo en conferencia de prensa.
Los legisladores indicaron que, de los $13,095 millones asignados al fondo general, cerca de $10,000 millones podrían estar sujetos a recortes, ya que entre $2,500 y $3,000 millones están comprometidos con partidas intocables como pensiones, repago de deuda y el Plan Vital. La nómina, según el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, representa unos $3,752 millones para el año fiscal 2025-2026.
Ferrer Santiago señaló la necesidad de explorar la consolidación o eliminación de agencias, incluso la posibilidad de agrupar las distintas procuradurías bajo el Departamento de Justicia. “Hace falta voluntad política”, recalcó el portavoz.
Torres García añadió que podrían lograrse economías en contratos de comunicaciones, relaciones públicas y publicidad. “Hemos hablado de que ahí se pueden hacer ajustes”, expresó.
El PPD espera que el ahorro permita reducir la tasa contributiva de 33% que aplica a la clase trabajadora. Ferrer Santiago confió en que la Junta de Control Fiscal no objete la medida porque “cumple con la ley federal Promesa y con la gente al bajar el costo de vida”. Agregó que la prioridad debe ser beneficiar a la clase media, “una de las más afectadas”.
Los legisladores aclararon que la propuesta no es definitiva y que escucharán sugerencias durante el proceso de vistas públicas. Criticaron, además, la falta de comunicación de la gobernadora Jenniffer González con los portavoces de la oposición en temas de importancia nacional.
Una reforma contributiva fue una promesa de campaña de González, quien creó un comité para atender el asunto en los primeros días de su administración. Sin embargo, al cierre de su primer año de mandato aún no había presentado un proyecto de ley. En noviembre, la gobernadora estimó que los cambios podrían reducir los recaudos entre $400 millones y $800 millones, cifra que confiaba compensar con “eficiencias administrativas”.
