La Policía de Puerto Rico expresó su respaldo a una propuesta legislativa que busca retirar armas ilegales de las calles mediante una amnistía de entrega voluntaria. Según la Uniformada, la medida fortalecería la seguridad pública y optimizaría los recursos gubernamentales.
El inspector Marcos Martínez López destacó durante una vista pública de la Comisión de Seguridad que el Proyecto de la Cámara (PC) 1260 permitiría a los ciudadanos entregar armas ilegales sin enfrentar procesos judiciales ni cargos criminales. “Esto contribuye a reducir la carga operacional de las agencias y permite enfocar mayores recursos en asuntos de mayor complejidad y riesgo para la ciudadanía”, afirmó.
El proyecto propone enmendar el Artículo 7.22 de la Ley de Armas de 2020 para declarar una amnistía general de hasta 90 días. Bajo este marco, cualquier persona podrá entregar a la Policía armamento adquirido ilegalmente, encontrado o de procedencia desconocida, con la garantía de no ser procesada por posesión ilícita.
Martínez López subrayó que las amnistías de armas han sido herramientas valiosas de política pública para reducir la circulación de armamento fuera del control regulatorio. No obstante, recomendó incluir enmiendas que ordenen recopilar y divulgar estadísticas sobre las armas entregadas, a fin de evaluar el impacto de la medida.
Por su parte, la Asociación de Armeros de Puerto Rico coincidió con la intención del proyecto, pero planteó reservas sobre la definición de “arma ilegal”. Su presidente, Víctor González García, sostuvo que no se debe considerar ilegal un arma solo porque el titular haya fallecido o la haya dejado en custodia de otra persona con licencia. Solicitó además que se permita a los herederos inscribir las armas de familiares difuntos.
El proyecto establece que el gobierno no podrá abrir investigaciones ni radicar cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de las armas entregadas durante la amnistía. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses investigará la procedencia de estas para determinar si están vinculadas a delitos.
La medida dispone, además, que la Policía, junto con entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, establezca centros de acopio para recibir armas y municiones.
El representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático, expresó preocupación sobre la seguridad de esos lugares. “Me preocupa que habilitemos cuarteles de bomberos o oficinas de manejo de emergencias, porque no cuentan con seguridad ni personal adiestrado”, advirtió. La última amnistía de este tipo en Puerto Rico se realizó en 2012. Martínez López aclaró que, en experiencias pasadas, la Policía ha asignado personal especializado a los centros de entrega.
