Los representantes populares Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano entregaron al Departamento de Justicia una declaración jurada de un “whistleblower” del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que detalla presuntas irregularidades en el centro de inspección y venta de marbetes Yabucoa Auto Service LLC, vinculado a Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda.
El documento fue acompañado de un referido mediante el cual solicitaron a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, la designación de un fiscal para investigar la alegada expedición de más de 1,200 marbetes falsos y la reducción irregular de multas. Justicia confirmó haber recibido el referido, que será atendido por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, dirigida por la fiscal Sonia Martínez Ortiz.
Pérez Peña respondió, por escrito, afirmando que las alegaciones en su contra “son incorrectas y selectivas”, y destacó que el negocio de inspección es de carácter familiar, pero que desde 2017 no tiene participación alguna en su administración ni en la toma de decisiones. Calificó de falsas y difamatorias las insinuaciones de influencia indebida y reiteró su disposición a que las autoridades evalúen cualquier evidencia en su contra.
La gobernadora Jenniffer González solicitó al DTOP evaluar las denuncias, pero el representante Torres Cruz argumentó que la agencia no debe investigarse a sí misma, pues regula y sanciona los centros de inspección. El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, afirmó que su agencia colaborará con cualquier pesquisa oficial.
Las presuntas irregularidades fueron reveladas inicialmente en el programa “Los Datos son los Datos” de WAPA TV, donde también se presentó la declaración jurada de un inspector del DTOP que alegó haber recibido presiones y amenazas tras emitir su informe.
Los legisladores también radicaron una resolución en la Cámara de Representantes para investigar el caso. Torres Cruz señaló que el supuesto acuerdo para reducir multas se habría realizado con el DTOP, pese a que la ley no le otorga esa facultad, y que dicha rebaja se dio después de las primarias de 2020, cuando Pérez Peña era comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista.
El representante añadió que, según la Ley 22 de 2000, solo un juez puede imponer las multas correspondientes por fallas en inspecciones de vehículos. Por ello, sostuvo que cualquier gestión de sanción del DTOP sería ilegal. Propuso que la secretaria de Vivienda ponga su cargo “a disposición” mientras se investiga y reclamó que tanto Vivienda como Hacienda y otros entes involucrados deben ser examinados.
