Mientras el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) continúa evaluando a los proponentes que podrían sustituir a Physician Correctional, la compañía anunció este martes varias iniciativas para fortalecer los servicios de salud que ofrece a más de 7,000 confinados. Entre las inversiones destacan proyectos en telemedicina, salud mental y tratamiento de opioides.
El presidente de Physician Correctional, doctor Raúl Villalobos, afirmó que aunque el Ejecutivo evalúa ofertas de otros proveedores, el contrato de la empresa sigue vigente y obliga a continuar con sus operaciones normales. “Respetamos esa decisión, pero en algunos cuestionamientos diferimos y hemos hecho las reclamaciones legales correspondientes”, expresó. Recordó que su contrato con el DCR tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2028.
El acuerdo ha sido objeto de controversia desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en 2024, perpetrado por Hermes Ávila Vázquez, quien había sido liberado tras un pase de salud gestionado luego de ser evaluado por un panel médico de Physician Correctional.
En marzo, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, informó que la agencia analiza propuestas de 12 proveedores para decidir si sustituye a la compañía. Indicó que un comité, creado el 3 de marzo, tiene hasta el 3 de abril para presentar su informe final.
Villalobos destacó entre las nuevas iniciativas la expansión de la telemedicina con un sistema que busca reducir las salidas de los confinados a citas médicas externas, lo que generaría ahorros estimados de hasta un millón de dólares al año para el DCR. “Esto reducirá el movimiento de vehículos y oficiales fuera de las instituciones, optimizando recursos y tiempo”, explicó.
El sistema, enfocado en condiciones cardiovasculares, respiratorias y dermatológicas, atenderá internamente el 80% de los casos médicos, mientras el 20% restante se derivará a especialistas. Las primeras dos unidades de telemedicina se instalarán en Ponce y Bayamón, que concentran más del 70% de la población penal atendida por la empresa. La inversión inicial ronda los $150,000 y podría alcanzar un millón de dólares si se extiende a todo el sistema.
Además, la compañía anunció la apertura de una unidad clínica de cuidado intermedio en salud mental en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, con capacidad para 16 pacientes, y un proyecto piloto de tratamiento para la hepatitis C que ya ha beneficiado a 43 confinados. También mencionó la implementación de programas de tratamiento con metadona en el Complejo Correccional de Ponce y con buprenorfina en otras instituciones penales.
