El gobierno de Perú decretó un estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, en la región fronteriza con Chile, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de migrantes y combatir delitos como el tráfico de personas y el contrabando. La medida, anunciada la noche del viernes, contempla restricciones al tránsito y la reunión, y autoriza la participación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional en el control territorial.
El presidente interino, José Jerí, informó que el decreto incluye el despliegue de militares en la zona y enfatizó que la decisión responde a la crisis de inseguridad y a la fuerte presión migratoria en los pasos fronterizos. “Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna. Nuestras fronteras se respetan”, escribió en X. Jerí destacó que esta será la primera frontera declarada bajo emergencia por razones de seguridad ciudadana y migración irregular.
El decreto, publicado en edición extraordinaria del boletín oficial, ordena patrullajes permanentes, vigilancia armada en pasos no autorizados y monitoreo mediante drones. También se crea un comando especial y comités de inteligencia para coordinar operativos contra redes criminales vinculadas a la migración irregular.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó desde Tacna que se desplegarán 100 militares en apoyo a las labores de control. “Estamos declarando estado de emergencia por 60 días a toda la zona fronteriza… vamos a tener 100 efectivos del Ejército para hacer nuestro control fronterizo”, confirmó.
Mientras tanto, el gobierno chileno ha reforzado su coordinación diplomática con Perú para evitar una nueva crisis humanitaria como la ocurrida en 2023, cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados en la frontera. El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, indicó que ambas cancillerías mantienen comunicación constante ante la creciente concentración de personas que buscan salir del país.
La tensión en la frontera coincide con un periodo político crucial en Chile, que celebrará la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 14 de diciembre. El candidato ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ha prometido expulsar a todos los inmigrantes indocumentados si asume la presidencia el próximo 11 de marzo.
Desde el jueves, el complejo fronterizo de Chacalluta y otras localidades del norte chileno registran protestas de migrantes varados. Carabineros intervino en las vías bloqueadas, mientras el ministro Cordero aseguró que el gobierno monitorea la situación a diario. El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció además la creación de un comité binacional que operará desde el lunes para atender la crisis y mantener la cooperación entre ambos países.
Chile se ha convertido en uno de los principales receptores de migración en América Latina, especialmente desde Venezuela, y su población extranjera pasó del 0.8% en 1992 al 8.8% en 2024, según el último censo. El tema migratorio se ha vuelto un eje central de la campaña presidencial, con sectores que asocian la llegada masiva de extranjeros al incremento de la delincuencia.
