El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, expresó este domingo que concede “total deferencia” al Senado de Puerto Rico para insistir en su reclamo al Departamento de Justicia sobre la entrega de 200 expedientes archivados, que podrían incluir casos de corrupción pública, aunque esto derivara en un nuevo litigio judicial.
“Cada legislador utiliza el medio que entiende adecuado para atender sus reclamos. El de nosotros fue hacer una investigación aparte, con un fiscal que no estuvo en esas investigaciones el cuatrienio anterior, y se atendió como tenía que atenderse”, afirmó Peña Payano durante la sesión dominical del programa “Asunto Semanal”.
El martes anterior, Justicia anunció el “despacho y resolución” de 229 casos analizados por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), pero se negó a entregar al Senado las órdenes de cierre y los informes fiscales, alegando que son documentos protegidos por jurisprudencia.
Dos días después, tras el Mensaje de Estado de Situación de la gobernadora Jenniffer González, Justicia indicó que no reabriría la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por alegadas irregularidades durante su paso por el Departamento de Salud ni investigaría por supuesto perjurio su confirmación ante el Senado. Entre los casos cerrados figura la pesquisa iniciada en 2022 contra Roig Fuertes.
“Nosotros le damos total deferencia a la Asamblea Legislativa. Si los legisladores entienden que hay prueba que deben llevar al tribunal y gastar recursos del Estado luego de la investigación que hizo Justicia, también es nuestro deber defender la justicia, no solo cuando el resultado coincide con la aguja mediática”, subrayó Peña Payano.
El funcionario recalcó que “no puede ser que creamos en la justicia solo cuando coincide con la apreciación mediática, pero que la descalifiquemos cuando no lo hace”.
Mientras, el Senado aprobó una moción para conceder a Justicia 48 horas laborables adicionales para cumplir con su requerimiento de información, moción presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, y que vence este martes. El Senado pide copia de las órdenes de cierre de las investigaciones archivadas.
Peña Payano opinó que “es bueno y sano” que, en un mismo cuatrienio, se observen decisiones del Departamento de Justicia que afecten a funcionarios de distintas administraciones, lo que, a su juicio, demuestra análisis robustos e independientes.
Luis Javier Hernández dejó abierta la posibilidad de una pesquisa legislativa sobre los señalamientos a Roig Fuertes, quien ha negado cualquier conducta ilegal o falta a la verdad. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también había planteado la opción de una investigación si Justicia daba por cerrado el asunto, originado en 2021, cuando Roig Fuertes, entonces directora de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual en Salud, supuestamente promovió la contratación indebida de una empresa de seguridad.
Peña Payano recordó que, cuando el Departamento de Justicia recomendó un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra Ciary Pérez Peña, exsecretaria de la Vivienda, “todo el mundo lo celebró porque coincidió con lo que querían los medios”. En este caso, dijo, un fiscal independiente a la pesquisa anterior concluyó que no había fundamento para reabrir la investigación ni hacer un referido al FEI.
En abril, Justicia recomendó ese FEI contra Pérez Peña por alegadas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes de su propiedad en Yabucoa, al determinar posibles violaciones al Artículo 261 del Código Penal sobre influencia indebida y a la Ley de Ética Gubernamental.
