El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió este domingo que los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán tendrán repercusiones directas en la seguridad nacional. Señaló que cualquier acción futura del gobierno de Donald Trump debe ser discutida y deliberada junto al Congreso federal.
“Yo detesto el régimen del ayatolá y de la Revolución Iraní. Ha violado innumerables derechos humanos, ha sido opresor y un peligro para el mundo entero. Ahora bien, un conflicto de esta naturaleza presenta serios riesgos para la seguridad nacional”, afirmó.
Cuestionado sobre posibles repercusiones económicas, Hernández sostuvo que el impacto será global: “Esto tendrá el mismo impacto en Puerto Rico que en Estados Unidos y en el resto del mundo”. Expertos anticipan un alza en los costos del petróleo y retrasos en las exportaciones tras los bombardeos.
Los ataques conjuntos comenzaron el sábado, resultando en la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de parte de la cúpula militar iraní. Irán respondió atacando a Israel y a otros aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente.
“La decisión que se tome respecto a un conflicto allí debe ser bien deliberada y consultada con el Congreso de los Estados Unidos”, enfatizó Hernández, respaldando las expresiones del liderato demócrata que reclama mayor participación legislativa en las decisiones militares.
El funcionario hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la que presentó, junto a congresistas demócratas, la “Agenda de Asequibilidad”, enfocada en reducir costos en salud, vivienda, energía, alimentos y cuidado familiar.
Sobre otros temas, Hernández expresó confianza en que el Congreso aprobará la renovación de los fondos federales de Medicaid y destacó que Puerto Rico ha estado cumpliendo con los requisitos del “Consolidated Appropriations Act” de 2023, como el sistema de verificación de activos y los informes anuales de acceso a servicios de salud.
“El riesgo es real y es serio, pero la probabilidad de aprobar algo positivo para Puerto Rico es alta”, afirmó. Añadió que colabora con la gobernadora Jenniffer González para asegurar la continuidad de los fondos, cuyo actual programa expira en septiembre de 2027. Esa asignación asciende a unos $19,000 millones en cinco años, con un pareo federal del 76% para los servicios de salud del plan Vital.
“Vamos a buscar que se nos dé el mismo trato que a los estados”, subrayó Hernández, confiado en lograr la extensión antes del vencimiento del programa. Actualmente, Medicaid en Puerto Rico cubre alrededor de 1.3 millones de personas y representa cerca de $4,000 millones al año.
