El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió este domingo que los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán repercutirán en la seguridad nacional. Afirmó que cualquier acción posterior del gobierno de Donald Trump debe ser discutida con el Congreso federal.
“Yo detesto el régimen del ayatolá y de la Revolución Iraní. Ha violado innumerables derechos humanos y ha financiado organizaciones terroristas. Sin embargo, un conflicto de esta naturaleza presenta serios riesgos para la seguridad nacional”, señaló Hernández.
El funcionario respondió también a interrogantes sobre posibles impactos en el presupuesto federal y eventuales reducciones de fondos, indicando que la situación afectaría a Puerto Rico de igual manera que al resto de Estados Unidos y del mundo. Expertos han advertido que el ataque podría generar de forma inmediata un retraso en las exportaciones y un aumento en los precios del petróleo.
Los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá Alí Jameneí junto a parte de la cúpula militar iraní, y continuaron con varias oleadas sobre Teherán. En respuesta, Irán ha prometido venganza y ha lanzado ataques contra Israel y otros aliados de Washington en la región.
“La decisión que se tome respecto a un conflicto allí debe ser bien deliberada y consultada con el Congreso de los Estados Unidos”, subrayó Hernández, en respaldo al llamado del caucus demócrata para que la administración Trump consulte con la Cámara y el Senado antes de cualquier determinación futura.
Hernández realizó estas expresiones durante una conferencia de prensa en la que presentó, junto a cuatro congresistas demócratas, la “Agenda de Asequibilidad”, una propuesta para reducir costos en salud, vivienda, energía, cuidado familiar y alimentos.
En otros asuntos, el comisionado aseguró que la probabilidad de que el gobierno federal renueve las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico “es alta”. Añadió que existe consenso bipartidista en el Congreso para aprobar una medida favorable a la isla. No obstante, recordó que el gobierno local debe cumplir con los requisitos del “Consolidated Appropriations Act” de 2023, como la verificación de activos y un informe anual sobre el uso de los fondos.
Hernández destacó que el Ejecutivo trabaja en el cumplimiento de esos parámetros y dijo compartir esfuerzos con la gobernadora Jenniffer González. “Vamos a buscar que se nos dé el mismo trato que a los estados. Tenemos hasta el 30 de septiembre de 2027 para lograrlo”, afirmó.
Actualmente, el programa de Medicaid en Puerto Rico recibe alrededor de $4,000 millones anuales y beneficia a unos 1.3 millones de personas. La asignación vigente, que expira en 2027, garantiza unos $19,000 millones por cinco años y un pareo federal del 76%. Si no se aprueba nueva legislación, los fondos podrían reducirse a cerca de $500 millones anuales y el pareo caer a 55%.
