Diversos grupos y activistas por los derechos de las mujeres calificaron como un retroceso la decisión de tres jueces del Tribunal de Apelaciones que declaró inconstitucional parte del delito de feminicidio. Exigieron al Estado fortalecer las garantías legales para las víctimas y sobrevivientes de violencia de género.
El panel judicial, compuesto por los jueces Carlos Candelaria Rosa, Nery Adames Soto y José Campos Pérez, invalidó el Artículo 93(e)(5) del Código Penal, que consideraba feminicidio cuando el agresor hubiera manifestado actos reiterados o esporádicos de violencia contra la víctima, aunque estos no hubieran sido denunciados. Para el tribunal, esa cláusula vulnera el debido proceso de ley en el caso de un acusado de asesinar a su esposa en Villalba.
La psicóloga Ángela Cruz Félix, de Taller Salud, advirtió que el fallo tiene un impacto social profundo. “Al no nombrar el feminicidio, el Estado invisibiliza las causas estructurales de los asesinatos de mujeres”, señaló. Aclaró, sin embargo, que “fuera de ese caso específico, la ley sigue vigente”, refiriéndose a la Ley 40 de 2021, que incorpora los delitos de feminicidio y transfeminicidio como asesinato en primer grado.
La exsenadora Migdalia González Arroyo, autora de la legislación, reaccionó con sorpresa y sostuvo que el fallo “debilita el mecanismo legal” en momentos en que el Estado necesita herramientas firmes para atender la violencia de género. Llamó al Departamento de Justicia a acudir al Tribunal Supremo y a la Asamblea Legislativa a considerar enmiendas que refuercen la ley. También apeló a la acción de la gobernadora Jenniffer González para que el tema no quede relegado.
Cruz Félix envió un mensaje directo a las víctimas: “No están solas. Existen espacios de acompañamiento y apoyo dentro de las comunidades, aunque el sistema judicial falle”. Insistió en que el gobierno debe asumir con seriedad la defensa de los derechos de las mujeres.
El caso que originó la controversia corresponde a Luis Raúl Santiago Alvarado, acusado de asesinar a su esposa Mildred Beatriz Colón Bonilla en su residencia en Villalba el 16 de febrero. Su hija, Kelly Santiago Colón, expresó en redes sociales su indignación: “Mi mamá fue asesinada y hoy el sistema pretende borrar hasta el nombre del crimen que la mató. Eso no es justicia, es impunidad con sello institucional”.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, informó que su agencia realiza un análisis minucioso del fallo. En tanto, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, lamentó la determinación y adelantó que solicitará una reunión con Gómez para evaluar las posibles acciones legales y de política pública. “Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia para Mildred Beatriz Colón y para todas las mujeres en Puerto Rico”, enfatizó.
