El Frente Unido del Valle de Lajas presentó un recurso ante el Tribunal Federal para acceder a la documentación que permitió una subvención de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) destinada a restaurar la Laguna de Guánica. La organización se opone al proyecto por entender que podría afectar el desarrollo agrícola de la zona.
La subvención, ascendente a $7.4 millones, fue otorgada en 2023 a la entidad Protectores de Cuencas, que entonces dirigía el biólogo Roberto Viqueira Ríos, asesinado en julio pasado frente a su residencia en Yauco.
Según el recurso, preparado por los abogados Judith Berkan y Steven Lausell, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, aunque ambas organizaciones realizan labores ecológicas significativas, mantienen diferencias sobre la viabilidad de restablecer una laguna en terrenos agrícolas del Valle de Lajas.
“El interés público en la divulgación supera significativamente cualquier posible interés en retener la información, ya que el proyecto tiene implicaciones sustanciales para el terreno agrícola en Puerto Rico, lo cual es de vital importancia para la seguridad alimentaria del país”, reza el documento.
El portavoz del Frente Unido, Carlos Alfredo Vivoni Remus, figura como codemandante en la acción legal. La demanda plantea que, bajo las leyes de Puerto Rico, no se permite eliminar tierras agrícolas ni asignarlas a otros usos, por lo que la organización rechaza el financiamiento de proyectos que conlleven la reinundación de esas áreas.
El Frente Unido alega que la NOAA respondió a su solicitud de información con documentos “considerablemente tachados”, lo que impidió evaluar la propuesta sometida por Protectores de Cuencas. Además, señala posibles inconsistencias en la información presentada ante las autoridades puertorriqueñas y la NOAA.
“Esto sugiere que los endosos obtenidos localmente podrían estar viciados por basarse en información incompleta, lo cual levanta preocupación y socava cualquier reclamo de confidencialidad”, argumenta la demanda, que apunta a que las tachaduras habrían sido sugeridas por Protectores de Cuencas y no por criterio independiente de la NOAA, adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos.
La administración de Pedro Pierluisi había respaldado la restauración de la Laguna de Guánica, que fue drenada en la década de 1950 para el desarrollo agrícola bajo el Proyecto del Suroeste. Sin embargo, el gobierno de Jenniffer González puso en duda el futuro del plan y delegó en los departamentos de Agricultura y de Recursos Naturales y Ambientales la decisión sobre su continuación.
