Mientras una orden del Tribunal de Apelaciones mantiene detenidas las excavaciones y la construcción del paseo ciclista en la Reserva Marina Tres Palmas, en Rincón, grupos comunitarios y ambientales denunciaron la expansión de la tala, el uso de maquinaria pesada y la instalación de cámaras de vigilancia en el área. Alegan que estas acciones representan un intento de continuar el proyecto sin diálogo con las organizaciones que coadministran la reserva.
Ramón Díaz Zambrana, vicepresidente y portavoz de Amigos de Tres Palmas, expresó su inquietud ante la falta de comunicación de parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Recordó que su organización mantiene un acuerdo de comanejo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El 12 de noviembre, manifestantes protestaron cerca de la reserva por el uso de maquinaria en el área protegida, sin haber sido informados previamente. Ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de las obras a solicitud del grupo ciudadano 7 Colindantes.
El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó por escrito que la ACT “ha acatado de inmediato la directriz judicial” y que continuará defendiendo la legalidad de los permisos, confiando en la solidez del proceso que dio origen al proyecto.
Según Díaz Zambrana, entre las nuevas denuncias figura la instalación de sistemas de cámaras con capacidad de reconocimiento de placas y monitoreo en tiempo real. Un documento revisado indica que la medida responde a supuestos actos de vandalismo por parte de manifestantes. Señaló también que la comunidad se siente amedrentada por la presencia de estas estaciones en la Reserva Marina Tres Palmas y el Bosque La Armonía.
Otro documento, revisado por El Nuevo Día, expone la intención del DTOP de solicitar al Departamento de Justicia la “remoción de invasores” del Bosque La Armonía, en referencia a manifestantes que ocuparon un área donde se planifica la tala de 18 árboles, cada uno con un costo de remoción de $3,000.
La inversión federal destinada al proyecto supera los $11.5 millones desde que iniciaron las protestas en febrero. González Montalvo defendió el proyecto, argumentando que traerá beneficios directos a la comunidad mediante rutas seguras para peatones y ciclistas, promoverá el turismo responsable y reforzará la seguridad vial. Añadió que no se trata de una carretera para vehículos ni busca incentivar construcciones, sino de un paseo ecoamigable diseñado para integrarse al entorno costero.
Por su parte, Amigos de Tres Palmas y la Coalición Paseo Responsable denunciaron que documentos oficiales revelan la intención de usar materiales propios de obras de contención costera, como concreto armado, gaviones y rellenos de piedra, lo que –según advierten– podría afectar hábitats de corales en peligro de extinción, tortugas marinas y otras especies. “Estamos abiertos al diálogo, pero no a aceptar un proyecto caducado con un deslinde de 1998”, afirmó Díaz Zambrana, quien insistió en que Tres Palmas es un patrimonio internacional que deben proteger.
