La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) notificó que los proponentes del Proyecto Esencia en Cabo Rojo cumplieron con la declaración de impacto ambiental (DIA), un documento de más de 8,500 páginas que evalúa los efectos sobre los recursos naturales del complejo de lujo proyectado en más de 1,500 cuerdas.
Opositores al desarrollo reaccionaron con críticas a la aprobación del informe durante la temporada navideña y señalaron que examinarán el expediente para considerar una impugnación administrativa o judicial. “Vamos a estar buscando en dónde están las deficiencias del documento para analizar si se hace una impugnación”, afirmó Braulio Quintero, director ejecutivo del Institute for Socio-Ecological Research Caribe y portavoz de la coalición Defiende a Cabo Rojo, quien calificó de “irracional” el plazo de 30 días para actuar sobre la DIA.
La exrepresentante Mariana Nogales Molinelli también censuró el proceder de la agencia, alegando que la decisión favorece intereses económicos a costa del ambiente. El voluminoso informe se divide en 16 tomos y más de 50 anejos de estudios, memorandos y comentarios. Según Quintero, al intentar acceder a copias impresas en la sede regional de la OGPe en Aguadilla y en la casa alcaldía de Cabo Rojo, ambos lugares estaban cerrados.
Los desarrolladores, agrupados bajo la firma Cabo Rojo Land Acquisition LLC, no respondieron a solicitudes de comentarios. En marzo, durante vistas públicas, múltiples ciudadanos y organizaciones objetaron el impacto social y ecológico del proyecto, ubicado en el barrio Boquerón, por su posible afectación al Bosque Seco del suroeste, a especies en peligro y a los recursos hídricos.
El complejo propuesto abarcará 1,549 cuerdas e incluirá 530 habitaciones de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela con 500 dormitorios, dos campos de golf y áreas recreativas, médicas, comerciales y de entretenimiento. La inversión se estima en $2,684 millones, con proyección de crear 17,000 empleos en construcción y unos 3,000 permanentes.
Según una revisión de El Nuevo Día, los proponentes descartaron conectar el proyecto al sistema de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), debido a limitaciones señaladas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), administradora de los embalses regionales. En cambio, la DIA final propone explotar pozos subterráneos dentro de los terrenos del proyecto, avalados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“Uno de los ángulos principales que vamos a mirar ahora es qué hicieron con relación al agua”, dijo Quintero, quien vive cerca del área y denunció constantes interrupciones en el servicio. También cuestionó que el plan de manejo de especies contemple crear una zona de conservación nueve años después de comenzar las obras.
El portavoz criticó además el endoso del Municipio de Cabo Rojo, condicionado a que los desarrolladores asuman los costos de mitigación ambiental y no utilicen ese respaldo para presionar ventas de terrenos. “Hemos caminado el pueblo y hay mucha gente opuesta”, concluyó Quintero.
