Cientos de oficiales correccionales marcharon este miércoles desde el Capitolio hasta La Fortaleza para reclamar un aumento salarial de $746 que, aseguran, el gobierno les adeuda desde hace tres años conforme a la Ley 91-2022.
La presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santos, expresó que la manifestación responde a la frustración del gremio ante las promesas incumplidas. “Estamos cansados de esperar. Nos merecemos ese aumento porque arriesgamos nuestras vidas dentro de las instituciones penales”, sostuvo.
Martínez Santos aclaró que los cerca de 400 manifestantes participaron durante su tiempo libre o en vacaciones. Añadió que el ausentismo que se ha reportado en varias cárceles obedece al descontento del personal. “En Ponce Principal, el fin de semana pasado no llegó un turno completo y tuvieron que pedir refuerzos de otras instituciones”, relató.
La Ley 91-2022 establece que el aumento aplica a todos los oficiales correccionales de carrera, incluso si su salario supera el máximo de la escala. Martínez Santos indicó que la ACU exige al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, firmar un acuerdo que incluya el aumento, el pago de uniformes y las horas extras adeudadas, previo a una vista en la Comisión Apelativa del Servidor Público programada para diciembre.
Quiñones expresó disposición de dialogar con el sindicato y respaldó la petición. “Voy a dar la pelea por los $746.67. Me comprometí a identificar los $36.8 millones necesarios para conceder ese aumento”, afirmó. Reconoció también niveles de ausentismo relacionados con una convocatoria anónima en redes sociales entre el 12 y el 27 de octubre.
A la protesta se unieron empleados del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quienes también reclaman sus alzas salariales. Irving Ramos Torres, presidente de la Local 3573 del PSAJ, denunció la falta de personal suficiente para atender los casos de supervisión electrónica y el agotamiento entre los empleados. Por su parte, Lourdes Santiago, representante del Cuerpo de Vigilantes, señaló que hace más de dos décadas no reciben incremento de sueldo, a pesar de que la Ley 156 de 2024 les aprobó un alza mensual de $300 que aún no se ha concretado.
“Somos apenas unos 300 vigilantes, con demasiadas responsabilidades y poca paga. En emergencias nacionales hacemos turnos de 12 horas, igual que la Policía de Puerto Rico”, enfatizó Santiago. El Nuevo Día solicitó una reacción al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, que aún no se había pronunciado.
Ningún funcionario de La Fortaleza salió a recibir a los manifestantes.
