Cientos de oficiales correccionales marcharon este miércoles desde el Capitolio hasta La Fortaleza para exigir que se haga efectivo el aumento salarial de $746 que les otorga la Ley 91-2022. La manifestación ocurre en medio de un marcado ausentismo en las instituciones penales de la isla, reflejo del descontento entre los empleados.
“Estamos aquí por la frustración que sentimos. Llevamos tres años esperando que el gobierno nos honre la Ley 91-2022. Estamos cansados de la espera y las promesas. Nos merecemos un aumento de salario, porque estamos dando de nuestras vidas dentro de las instituciones penales”, expresó la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santos.
La dirigente aclaró que los cerca de 400 manifestantes acudieron en su tiempo libre o durante sus vacaciones. Indicó que, aunque no se supone que haya ausentismo, desde julio han ocurrido numerosas ausencias. “El fin de semana pasado, en la institución Ponce Principal, no llegó un turno completo y tuvieron que pedir oficiales a otras instituciones”, relató.
La Ley 91-2022 dispone que el alza de $746.67 se otorgue a todos los oficiales correccionales de carrera, aun si su sueldo supera el máximo de la escala. Martínez Santos añadió que la ACU pide al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, firmar un acuerdo que incluya el aumento, el pago de uniformes y horas extras acumuladas, antes de una vista en la Comisión Apelativa del Servidor Público pautada para diciembre.
“El secretario tiene buena intención. Incluso, nos envió un mensaje diciendo: ‘No se quiten. Sigan luchando por los $746’. Pero la realidad es que ya no creemos en nadie. Él se comprometió a honrar ese aumento y exigimos que cumpla”, señaló Martínez Santos.
Por su parte, Quiñones afirmó estar dispuesto a reunirse con el sindicato. “Voy a dar la pelea por los $746.67 de los compañeros y compañeras del Departamento. Me comprometí a identificar los $36.8 millones anuales necesarios. Es una prioridad”, sostuvo. Reconoció también el ausentismo reciente provocado por una convocatoria anónima difundida en redes sociales entre el 12 y el 27 de octubre.
A la marcha se unieron empleados del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ambos en espera de incrementos salariales.
Irving Ramos Torres, presidente de la Local 3573 del PSAJ, alertó sobre la falta de personal. “Somos 30 agentes de manejo de casos y no damos abasto. Entramos a un turno de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y, a las 2:00 a.m., seguimos en la calle haciendo excarcelaciones y colocando grilletes”, relató. Mencionó además el aumento de labores con las nuevas disposiciones bajo la Ley 54 para la prevención de la violencia doméstica.
Por parte del DRNA, Lourdes Santiago denunció que el Cuerpo de Vigilantes lleva más de dos décadas sin aumento. La Ley 156 de 2024 les otorgaba un alza de $300 mensuales, pero aún no ha sido aplicada. “Tras que somos pocos vigilantes, la paga es poca. Hacemos el mismo trabajo que la Policía de Puerto Rico, en turnos de 12 horas y con mucha carga”, declaró.
Ningún funcionario de La Fortaleza recibió a los manifestantes.
