Las personas que violen órdenes de protección emitidas en casos de violencia sexual enfrentarán ahora cargos por delito grave, según la nueva Ley 40-2026, presentada por el representante José “Che” Pérez Cordero y respaldada por la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez. La medida establece una pena de hasta tres años de prisión y busca uniformar las consecuencias para quienes incumplan estas órdenes.
Durante una conferencia de prensa, Piñeiro Vázquez recalcó que antes de esta ley, el incumplimiento se procesaba como un delito menos grave, a diferencia de lo dispuesto en otros estatutos como la Ley de Acecho y la Ley 54 de 1989. “Ahora se uniforma haciéndose un delito grave para todos aquellos que violenten las órdenes de protección en casos de violencia sexual. Esto hace justicia y crea equidad para las víctimas”, afirmó.
La funcionaria destacó que las órdenes de protección son una herramienta vital para prevenir daños mayores. “Las órdenes de protección salvan vidas. Es importante que quienes estén en relaciones violentas o sus familiares sepan que existe un sistema comprometido con ayudarlas”, expresó. Agregó que muchas víctimas permanecen atrapadas en ciclos de violencia que dificultan pedir ayuda.
El representante Pérez Cordero explicó que el cambio legal busca dar más certeza jurídica y garantizar consecuencias uniformes. “En aspectos prácticos es algo sencillo, pero el impacto es grande”, dijo. Añadió que resultaba injusto que una violación de orden de protección en casos de violencia sexual se considerara un delito menor. También insistió en que las órdenes son esenciales, pero deben complementarse con educación y comunicación para que realmente protejan a las víctimas.
La Asamblea Legislativa, señaló el legislador, evalúa medidas adicionales, como la creación de un código de violencia doméstica y enmiendas a la Ley 54 para reforzar su efectividad.
La teniente Lillian Ortiz, directora de Delitos Sexuales y Delitos contra Menores de la Policía, participó también en la conferencia y señaló que la nueva ley refuerza la confianza de las víctimas en las instituciones. “Esto le da confianza a nuestras víctimas de agresión sexual de que el gobierno está unido para ayudarlas y hacer valer sus derechos”, subrayó. Ortiz enfatizó que el objetivo es prevenir nuevas agresiones y salvar vidas mediante la aplicación responsable de estas órdenes.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen asistencia confidencial a víctimas de abuso o violencia de género. Ante emergencias, se debe llamar al 9-1-1. Para reportar casos, los números son 787-792-6734 o 787-343-2020, y la Línea PAS ofrece apoyo las 24 horas al 9-8-8 o 1-800-981-0023.
