Nueva York – El presidente venezolano Nicolás Maduro regresará este jueves a un tribunal federal de Nueva York para solicitar la anulación de su acusación por narcotráfico, en medio de un conflicto sobre quién debe asumir el pago de su defensa legal.
Su abogado alega que Estados Unidos viola los derechos constitucionales del mandatario al impedirle usar fondos del gobierno venezolano para cubrir sus costas judiciales. Es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen desde enero, cuando denunciaron haber sido capturados por fuerzas estadounidenses. Ante el juez declararon: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se declaró inocente.
Ambos permanecen detenidos en un centro de reclusión de Brooklyn sin solicitar fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha establecido la fecha del juicio, aunque se espera que la fije pronto.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, conservan cierto respaldo en Venezuela, donde algunos murales y vallas en Caracas exigen su regreso. Mientras tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha reemplazado a funcionarios de confianza del líder detenido, reorganizado instituciones y modificado la línea del movimiento socialista que ha gobernado por más de dos décadas. También ha reducido drásticamente las largas apariciones televisadas que caracterizaban a Maduro.
En el plano diplomático, Venezuela restableció relaciones con Estados Unidos, país que en 2019 había roto vínculos y reconocido a un líder opositor como autoridad legítima. Washington ha flexibilizado sanciones al sector petrolero y envió un encargado de negocios a Caracas.
El conflicto por los honorarios legales se agravó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro revocara una autorización que permitía pagar la defensa desde fondos venezolanos. Según el abogado Barry Pollack, la aprobación fue anulada menos de tres horas después de emitida, sin explicación. En una declaración escrita, Maduro insistió que “tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal”.
Los fiscales estadounidenses respondieron que los acusados pueden usar fondos personales, pero no dinero vinculado a un gobierno sancionado. Maduro aseguró que no tiene recursos propios para costear su defensa y que, para recibir un abogado pago por el Estado, debería demostrar indigencia.
El dirigente y su esposa fueron detenidos el 3 de enero durante un operativo nocturno en su residencia de Caracas. La acusación federal de 25 páginas los señala de colaborar con cárteles de droga y miembros del ejército para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de ordenar secuestros, palizas y asesinatos relacionados con sus operaciones de narcotráfico. De ser hallados culpables, enfrentarían cadena perpetua.
En Venezuela, la crisis económica persiste: los empleados públicos ganan en promedio 160 dólares al mes y los del sector privado unos 237. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación anual alcanzó 475% el año pasado, encareciendo los productos básicos y agudizando las dificultades de millones de ciudadanos.
