El proceso de negociación colectiva entre Genera PR y el sindicato que representa a más de la mitad de sus empleados podría implicar un aumento de hasta 47% en los gastos de nómina, según la solicitud presupuestaria presentada al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como parte de la revisión de la tarifa base del sistema eléctrico.
Durante la audiencia ante el NEPR, la jefa de Recursos Humanos, Jennifer Witeczek, explicó que Genera PR propuso un presupuesto “óptimo” de $113 millones, cantidad que reflejaría el costo de cumplir con las demandas del sindicato United Steelworkers (USW). En cambio, la propuesta “limitada”, solicitada por el NEPR para mantener los beneficios actuales, asciende a $77 millones, una diferencia de $36 millones.
Witeczek detalló que los aumentos solicitados incluirían $13 millones anuales para incrementar el salario base, $6 millones en beneficios adicionales, $4 millones para aumentos periódicos y $3 millones en bonos de productividad. El convenio tendría una duración de tres años.
El oficial examinador Scott Hempling advirtió que el NEPR no puede controlar el resultado de las negociaciones, mientras que Witeczek aseguró que la empresa busca evitar llegar a la cifra máxima, insistiendo en la transparencia de la solicitud. Ricardo Palléns Cruz, principal oficial regulatorio de Genera PR, subrayó que las negociaciones se realizan conforme a las normas laborales vigentes.
El comisionado asociado Ferdinand Ramos Soegaard cuestionó cómo se comparan los beneficios actuales con los que ofrecía la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según Witeczek, cuando Genera PR asumió la operación en 2023, los empleados unionados ganaban en promedio $62,000 anuales y una mediana de $52,000. Señaló además que la empresa está obligada contractualmente a ofrecer salarios y beneficios iguales o superiores a los originales.
Genera PR mantiene cerca de 700 empleados, de los cuales unos 440 son unionados, y entre 30 y 40 plazas siguen vacantes. Ramos Soegaard expresó preocupación por el impacto del alza salarial que beneficiaría a solo la mitad de la plantilla.
En otro asunto, surgieron dudas sobre las bonificaciones que Genera PR podría recibir por ahorros generados mediante proyectos financiados con fondos federales. Tanto Palléns Cruz como la jefa de Finanzas, María Sánchez Brás, argumentaron que la compañía podría tener derecho a un incentivo equivalente al 50% del ahorro. Sin embargo, la comisionada asociada Lillian Mateo Santos cuestionó la legitimidad de esos incentivos en proyectos donde el trabajo es financiado por el gobierno federal, mientras Antonio Torres Miranda destacó que corresponde al NEPR definir los parámetros de dichos beneficios.
Palléns Cruz defendió la posición de Genera PR al indicar que el acuerdo de operación no exige un esfuerzo “extraordinario” para calificar a los incentivos y diferenció entre proyectos que solo restauran activos y aquellos que introducen mejoras, en los que, sostuvo, las bonificaciones sí serían aplicables.
