Las personas que se estacionen en un punto de recarga para vehículos eléctricos sin conectar un automóvil de ese tipo podrían recibir una multa de $500. Así lo establece el Proyecto de la Cámara 217, que espera por la firma de la gobernadora Jenniffer González luego de haber sido aprobado por unanimidad en la Cámara y el Senado.
La medida, impulsada por la senadora Nitza Morán, enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22) para prohibir detener o estacionar cualquier vehículo en un espacio destinado a la recarga eléctrica, salvo que esté conectado y utilizando el dispositivo. No obstante, la disposición no aplicará si el punto de recarga pertenece al propio conductor o dueño del vehículo.
Según la exposición de motivos, la Ley 22 ya restringe estacionarse en aceras, cruces y pasos peatonales, pero no contempla los espacios de recarga eléctrica, pues cuando se promulgó en el año 2000 esta tecnología aún no se había desarrollado ampliamente. “Era poco probable anticipar una situación como la que esta legislación busca atender”, se lee en el texto.
La medida reconoce además que, aunque la cantidad de estaciones de recarga en Puerto Rico todavía es limitada, esta infraestructura y los vehículos eléctricos “llegaron para quedarse” y requieren regulación más clara. De acuerdo con la plataforma Plug Share, en la isla circulan más de 10,000 vehículos eléctricos y existen alrededor de 200 estaciones públicas de recarga, la mayoría ubicadas en la zona metropolitana.
