El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, defendió la decisión de su oficina de no continuar una investigación por un presunto esquema de compra de votos a cambio de drogas en las cárceles del país durante las elecciones de 2024. Muldrow aseguró que no surgió evidencia que vinculara a figuras políticas con actividades electorales ilegales.
En diciembre de 2024, la fiscalía federal en San Juan radicó cargos contra 34 personas asociadas al grupo criminal conocido como el Grupo de los 31 o “Los Tiburones”, acusados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de la isla, utilizando principalmente drones.
El medio ProPublica informó que, aunque los investigadores federales contaban con pruebas sólidas contra confinados y funcionarios del sistema correccional, buscaban determinar si la entonces aspirante a la gobernación Jenniffer González o miembros de su campaña estaban implicados. No obstante, según el reporte, la dirección de la fiscalía federal en San Juan habría frenado esa línea de investigación a inicios de 2025, bajo la nueva administración de Donald Trump.
“Se ha dicho que la fiscalía federal encubrió o no quiso investigar alegaciones de corrupción electoral. Lo primero es que, en esa investigación, no se produjo evidencia ni alegaciones contra funcionarios públicos, candidatos o miembros de partidos políticos. Punto”, declaró Muldrow durante una conferencia de prensa en la que también anunció 23 órdenes de arresto como parte del operativo “La Última Serenata”.
Añadió que la política de la fiscalía federal es priorizar los casos criminales más graves y que resulten procesables con pruebas que puedan sostenerse en convictorias. Muldrow se refirió a las acusaciones contra el Grupo de los 31 para refutar los planteamientos publicados por ProPublica. “Si en realidad se hubiese intentado encubrir irregularidades, ¿por qué aparece ese señalamiento en la acusación?”, cuestionó.
El pliego acusatorio del 12 de diciembre de 2024 describe un esquema en el que algunos confinados recibían drogas a cambio de votos, y quienes no apoyaban a ciertos candidatos enfrentaban represalias, como el retiro del suministro ilegal de sustancias. Sin embargo, la fiscalía no presentó cargos relacionados con actos electorales.
El Grupo de los 31 fue descrito por Muldrow como una organización creada en 1998 cuyo propósito inicial era “promover la comunicación con el gobierno para buscar mejores oportunidades para los reos”. Las denuncias presentadas incluyeron cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, delitos que, según la fiscalía, provocaron al menos cuatro muertes.
Jenniffer González, presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), y su director de campaña y actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, negaron conocimiento alguno sobre la investigación o sobre presiones para obtener votos a cambio de drogas. “Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley”, expresó la gobernadora.
Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), informó que inició conversaciones con líderes del Congreso para promover una pesquisa sobre lo que catalogó como “un escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia”. También el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la coalición Power4PuertoRico se unieron a los reclamos de investigación.
Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, quien dirigía el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) durante los hechos, afirmó que toda alegación de corrupción fue investigada. “Si no se presentaron cargos, fue porque no había evidencia suficiente”, sostuvo.
