FAJARDO – El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, informó este sábado que el organismo y la administración de Jenniffer González están “acercándose” a un acuerdo sobre el contrato preliminar de siete años con New Fortress Energy (NFE) para el suministro de gas natural licuado (LNG), una negociación que ha atravesado un proceso complicado desde el verano.
“Todavía estamos trabajando en el lenguaje del contrato. Creo que nos estamos acercando. Las premisas generales parecen ser algo con lo que podemos trabajar”, expresó Mujica tras participar en un panel de la Cumbre de la Federación de Alcaldes.
Inicialmente, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), a través de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), había otorgado a NFE un contrato de 15 años y $20,000 millones en junio. Sin embargo, la JSF objetó la transacción alegando que promovía prácticas monopolísticas. Posteriormente, el 3PPO retomó las negociaciones y acordó un nuevo contrato por siete años y $4,000 millones.
Mujica agregó que aún se afinan detalles relacionados con el acceso al muelle y las cláusulas que definirán responsabilidades en caso de que NFE no pueda entregar combustible. “Queremos que el lenguaje sea consistente con lo que la gobernadora ha dicho. En eso trabajamos”, señaló, recordando una carta que la JSF envió al zar de Energía, Josué Colón, en la que expresó reservas sobre la flexibilidad del suministro de LNG.
Las limitaciones en las entregas de combustible quedaron evidenciadas en julio, cuando NFE retiró un buque de LNG de la bahía de San Juan, lo que obligó a su filial, Genera PR, a operar sus plantas con diésel, un combustible más caro. Entre septiembre y octubre, el LNG tampoco estuvo disponible por dos semanas, mientras NFE y una organización de pilotos marítimos litigaban en el Tribunal Federal sobre las capacidades exigidas a los remolcadores.
Por otro lado, la JSF aprobó recientemente un contrato de un año con Puma Energy para suplir búnker C —otro combustible principal de la flota—, condicionado a que, junto al gobierno, se elabore “un plan comprehensivo que garantice acceso abierto y confiable a la bahía de San Juan y otros puertos relevantes” para fomentar la competencia en el mercado energético.
El acuerdo, adjudicado mediante proceso competitivo por Genera PR, tiene vigencia hasta el 31 de octubre del próximo año y un tope de $1,000 millones. El abogado general de la JSF, Jaime El Koury, advirtió que cualquier enmienda al contrato dependerá del progreso del plan antes de marzo de 2026.
Durante el RFP, varios proponentes plantearon dificultades logísticas relacionadas con el acceso al muelle C de San Juan y solicitaron que Genera asumiera responsabilidades de coordinación y entrega. Según El Koury, Puma fue el único proponente que no pidió excepciones comerciales, ya que posee una instalación portuaria con tubería directa, lo que elimina la necesidad de usar el muelle C.
El funcionario explicó que la oferta de Puma implicó un aumento del 147% en el margen de costo de combustible respecto al contrato anterior. Aunque otro proponente ofreció un precio más bajo, obtuvo un puntaje inferior por no poder asumir las responsabilidades logísticas que sí podía cubrir Puma.
“La Junta de Supervisión está preocupada de que el acceso limitado a los muelles en la bahía de San Juan siga siendo una barrera que restringe la competencia”, concluyó El Koury.
