El senador Eliezer Molina anunció la inminente publicación de una investigación que, según sus declaraciones, destapará un esquema de corrupción de proporciones históricas en Puerto Rico, comparándolo en magnitud con el escándalo del chat de Ricardo Rosselló. En una reciente transmisión, Molina vinculó este nuevo caso con figuras asociadas al convicto federal Anaudi Hernández y denunció una red de contratos fraudulentos que opera principalmente en el área oeste del país.
El punto central de la denuncia surge tras la vista preliminar de un contratista en el tribunal de Aguadilla, acusado de movilizar equipo robado. Según Molina, este individuo acudió acompañado por un exconvicto federal por fraude y corrupción pública ligado al esquema de Anaudi. El activista señaló que esta red se ha expandido desde Aguadilla hacia municipios como Moca, Añasco, Rincón y Aguada, infiltrándose en juntas de subastas municipales, estructuras legislativas y agencias estatales.
Molina detalló el modus operandi del presunto esquema, cuestionando cómo personas sin peritaje técnico, como bomberos retirados con ingresos modestos, logran adjudicarse subastas de entre cuatro y cinco millones de dólares. Denunció que estos contratos, que requieren fianzas de ejecución sustanciales, son otorgados a corporaciones creadas para desplazar a ingenieros y profesionales legítimos, resultando en obras deficientes que desangran el erario público.
La investigación apunta directamente al Departamento de Educación y la infraestructura escolar. Molina mencionó irregularidades en trabajos de sellado de techos, columnas cortas y el manejo de escuelas charter. Hizo un llamado urgente a los directores escolares para que colaboren con información, advirtiendo que el esquema utiliza fondos destinados a los niños para financiamiento político y enriquecimiento ilícito.
«Lo que se va a destapar va a ser muy grande», sentenció Molina, anticipando que secretarios de agencias como Educación, Vivienda y Agricultura recibirán múltiples peticiones de información en los próximos días. El activista concluyó afirmando que, a pesar de las amenazas, la investigación continuará hasta desmantelar la red que involucra a contratistas, alcaldes y legisladores.
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