La coleccionista de arte Michele Taburno Vasarely solicitó al Tribunal Estatal de San Juan que reconozca su titularidad sobre 137 obras del artista Víctor Vasarely, de las cuales 112 fueron ocupadas en 2023 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
La demanda está dirigida contra su hijastro, Pierre Vasarely, nieto del artista, quien reside en Francia. Según Taburno Vasarely, él ha mantenido una “persecución” en su contra durante décadas para reclamar obras que, asegura, recibió en 1995 como pago por servicios y reembolso de gastos.
El recurso legal pide “una declaración judicial que reconozca la titularidad incuestionable” mediante el mecanismo de exequátur, una regla del Procedimiento Civil de Puerto Rico que permite validar sentencias de tribunales extranjeros. La demandante también atribuyó a Pierre Vasarely el caso en tribunales franceses que provocó la intervención del gobierno de Estados Unidos y la ocupación de las obras en su residencia en el Viejo San Juan.
Taburno Vasarely había impugnado la incautación en el Tribunal Federal en San Juan, pero el caso fue desestimado en septiembre pasado. No obstante, las obras no han sido enviadas a Francia porque la coleccionista apeló ante el Primer Circuito en Boston.
En su nueva petición, solicita que el tribunal estatal valide una sentencia del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, donde afirma haber prevalecido en un caso civil iniciado por Pierre Vasarely. La demanda pide que se declare que ella es la propietaria legítima de las piezas, que ha poseído “pública, pacífica, continua e ininterrumpidamente desde 1995”.
Al día siguiente de radicarse la demanda, el 6 de febrero, la jueza Larissa Ortiz Modestti concedió 10 días a Taburno Vasarely para demostrar por qué su petición no debe ser desestimada, citando un precedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esa decisión de 2018, el máximo foro estableció que “los tribunales de nuestra jurisdicción no tienen la facultad de convalidar sentencias dictadas por los tribunales federales”. La opinión mayoritaria, emitida por el juez asociado Rafael Martínez Torres, sostuvo que la regla busca validar fallos de estados o países sin tribunales con jurisdicción en Puerto Rico.
