La administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Wilma Ortiz, defendió este domingo la investigación del Departamento de la Familia sobre las denuncias de una menor de 17 años que alegó haber sido mantenida secuestrada y maltratada por su familia en su hogar en Toa Baja.
“Nuestras investigaciones son guiadas por un modelo de seguridad que hay que llevarlo al pie de la letra, y eso no nos da margen de error”, afirmó Ortiz durante una conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.
Las declaraciones surgieron luego de que el abogado de la familia, Antonio Figueroa, asegurara que la joven padece “problemas emocionales” y que “habla lo que no es real”.
El juez Rafael J. Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra cinco miembros de la familia tras la denuncia de la menor sobre un presunto patrón de maltrato y confinamiento. Los acusados son Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la joven; Suhely Rivera Guzmán, de 49, su madrastra; y sus hermanastras Sheilyann Carmona Rivera, de 27; Richeily Carmona Rivera, de 30; y Roselyn Carmona Rivera, de 24.
Los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos bajo la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores” y por restricción de libertad según el Código Penal.
Al ser consultada sobre la situación actual de la joven, Ortiz confirmó que “está protegida”. También adelantó que el gobierno reforzará las estrategias de prevención de maltrato infantil. “Estamos tratando de implementar nuevas estrategias, específicamente las de prevención, porque entendemos que esto es un problema que hay que atender desde la raíz. Hemos reforzado el recurso humano en el Departamento para que haya más personas atendiendo estos casos”, explicó.
Ortiz hizo estas expresiones tras conocerse otros incidentes recientes. En el Tribunal de Aguadilla, el juez Orlando Avilés halló causa para arresto contra Giselle M. Barada, de 35 años, acusada de mantener un patrón de abuso contra sus cuatro hijos menores. Además, en Loíza, el Departamento de la Familia rescató a tres niños que vivían en condiciones infrahumanas.
