Washington – Más de veinte estados presentaron el jueves una demanda contra los nuevos aranceles globales del presidente Donald Trump, cuestionando los impuestos a las importaciones que decretó después de una reciente derrota ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Los fiscales generales demócratas que encabezan la acción sostienen que Trump se está extralimitando en sus funciones al recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes del 15% a gran parte del mundo. Argumentan que dicha disposición solo debía aplicarse en circunstancias específicas y limitadas, y que no concede autoridad para imponer impuestos de gran alcance.
Trump ha defendido los aranceles como una herramienta necesaria para reducir el déficit comercial del país. Tras la revocación por el Supremo de los aranceles previamente decretados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente invocó la Sección 122, que nunca había sido utilizada. Dicha norma le permite imponer aranceles por hasta cinco meses, salvo que el Congreso autorice una extensión.
La demanda está encabezada por los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York. Los estados alegan que las medidas incrementarán los costos para gobiernos locales, empresas y consumidores. Muchos de ellos ya habían demandado con éxito al gobierno por los aranceles bajo la IEEPA.
Cuatro días después del fallo del 20 de febrero que anuló sus aranceles, Trump estableció un 10% a productos extranjeros, con el secretario del Tesoro, Scott Bessant, anticipando que el gravamen subiría al 15% en la misma semana. Los críticos afirman que no puede usar la Sección 122 como sustituto de los aranceles anulados.
La disposición fue concebida para abordar “problemas fundamentales de pagos internacionales” durante las crisis financieras de los años 60 y 70, cuando el dólar estaba vinculado al oro. Los detractores sostienen que esa condición ya no aplica y que la norma ha quedado obsoleta.
Incluso el propio Departamento de Justicia había argumentado en 2025 que la Sección 122 “no tenía aplicación obvia” en temas de déficit comercial, al considerarlos “conceptualmente distintos” de los problemas de balanza de pagos. No obstante, algunos expertos legales consideran que Trump tiene un caso mejor fundamentado esta vez.
Peter Harrell, académico visitante del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, señaló que los tribunales probablemente otorgarán al presidente mayor deferencia con la Sección 122 que con la IEEPA. De hecho, el Tribunal Especializado de Comercio Internacional de Nueva York, que atenderá la nueva demanda, ya había indicado en un fallo previo que la Sección 122 podría usarse para tratar el déficit comercial.
Además, un juez ordenó el miércoles la devolución de aranceles cobrados bajo la ley anterior, dándole la razón a varias empresas. Trump, por su parte, mantiene otros mecanismos legales, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, bajo la cual siguen vigentes los aranceles a productos chinos impuestos durante su primer mandato.
