La jueza de distrito Aida Delgado Colón, del Tribunal federal en Puerto Rico, sentenció el pasado 28 de enero a dos personas, incluido un maestro, a varios años de prisión por delitos de explotación infantil.
El maestro Aneudy Jazzan Pérez Santiago fue sentenciado a 10 años de cárcel por explotación infantil. Según el expediente, fue acusado el 10 de julio de 2025 y arrestado el 14 de julio de ese mismo año. De acuerdo con documentos judiciales, entre febrero de 2023 y febrero de 2025 utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para coaccionar conscientemente a una menor de 14 años a participar en actividades sexuales, además de enviarle material obsceno. El acusado se declaró culpable el 2 de octubre de 2025 de un cargo de coacción y seducción de una menor.
El caso fue procesado por la fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, adscrita a la Unidad de Delitos contra Niños, Trata Humana e Inmigración. La investigación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños de Puerto Rico, liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
En un segundo caso no relacionado, José Antonio Vilella, residente de Fajardo, fue sentenciado a 57 meses de prisión —equivalentes a cuatro años y nueve meses— por posesión de pornografía infantil. Entre abril y noviembre de 2024, poseyó y accedió conscientemente a imágenes con material de explotación infantil, incluyendo pornografía de un menor prepúber o de un niño que no había cumplido los 12 años. Fue acusado formalmente el 20 de noviembre de 2024, arrestado el 13 de noviembre de ese año y se declaró culpable el 16 de octubre de 2025.
En un parte de prensa, William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, afirmó: «No hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o hacerles daño». Añadió que la Fiscalía Federal continuará priorizando el procesamiento de depredadores sexuales de menores.
Por su parte, Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI en San Juan, señaló que estas sentencias demuestran la seriedad con la que se procesan estos delitos y exhortó a los padres y adultos responsables a mantenerse vigilantes y supervisar las actividades en línea de los menores. El segundo caso fue procesado por la fiscal federal auxiliar Emelina Agrait Barreto, y también investigado por la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños de Puerto Rico, liderada por HSI.
