Un recurso de “mandamus” fue radicado en el Tribunal de Apelaciones para que se ordene a la Policía de Puerto Rico informar a una madre sobre el paradero de su hija de 18 años, quien es testigo en el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito.
La petición fue presentada por el licenciado Alfredo López Garay, abogado de Sheyla Rodríguez Torres, madre de la joven identificada con las siglas M.D.A.R. La joven declaró en octubre pasado durante la vista preliminar contra Elvia Cabrera, una de las acusadas por el crimen.
La muchacha fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre, lo que llevó a la activación de la Alerta Rosa. Al día siguiente, fue localizada en buen estado de salud. Sin embargo, según el abogado, desde entonces la Policía “no le ha informado a la madre cuál es el paradero de su hija, qué hizo el Estado con ella ni a quién se la entregó”.
Rodríguez Torres relató que pudo hablar con su hija cuando estaba en la Comandancia de Aibonito, pero no le permitieron llevársela porque la investigación seguía en curso. Aseguró que junto a la joven había personal del Programa de Protección a Testigos del Departamento de Justicia. Añadió que la Policía prometió comunicarse nuevamente con ella, promesa que nunca se cumplió, y luego se negó a ofrecer información adicional.
Ante eso, la madre había radicado una demanda de habeas corpus contra la Policía, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia, con una vista señalada para el 7 de enero. En respuesta, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, declaró que la joven “no se encuentra bajo la custodia del Estado ni de ninguna de sus instrumentalidades”. Agregó que, tras eventos familiares que afectaron su bienestar, la joven expresó su renuencia a regresar al hogar, y que Justicia solo le brinda apoyo en su rol como testigo.
El nuevo recurso argumenta que, al tener menos de 21 años, M.D.A.R. sigue siendo menor de edad bajo la ley y está bajo la patria potestad de sus padres, quienes no han perdido ese derecho. Por tanto, según López Garay, “la menor no tiene capacidad legal para tomar decisiones sin la autorización de sus padres”.
El abogado sostuvo que la negativa de la Policía a brindar información ha provocado “incertidumbre, ansiedad y desespero” en la madre, lo que considera incompatible con la obligación estatal de actuar con transparencia. También alegó una violación a los derechos civiles y constitucionales de Rodríguez Torres como madre con patria potestad.
El recurso solicita que el tribunal ordene a la Policía revelar el resultado de la investigación, las acciones tomadas, quién tiene la custodia de la joven, bajo qué autoridad se entregó a terceros, su paradero actual y la razón por la cual se niega información a su madre. “La patria potestad no se suspende por conveniencia administrativa. Si el Estado entiende que existe riesgo, debe acudir a los tribunales. Lo que no puede hacer es actuar a espaldas de los padres”, puntualizó López Garay.
