Al 30 de septiembre, LUMA Energy, operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica del país, mantenía 302,923 solicitudes de servicio pendientes de atención. Los casos incluyen reportes por fluctuaciones de voltaje, líneas caídas, poda de vegetación y cambios de alumbrado público, entre otros.
“Este número es un acumulado que LUMA tiene desde el 2021”, explicó el vicepresidente de Asuntos Externos del consorcio, Michael Juarbe, quien indicó que la empresa heredó más de 350,000 solicitudes presentadas ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No detalló cuántas de las pendientes provienen de la AEE ni las razones por las que aún no se han resuelto. “Se ha ido trabajando y reduciendo este acumulado, pero cada mes entran más querellas… estas 302,000 son el acumulado desde que LUMA entró”, sostuvo durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes.
Durante la audiencia, Juarbe y otros portavoces de LUMA confirmaron que ninguna de las reclamaciones por daños a electrodomésticos ha prosperado. “Si son reclamaciones por daños a enseres por fluctuaciones de voltaje o interrupciones de servicio, nos cubre el ‘waiver’ (relevo) y no hay ninguna de las querellas pagas”, señaló Rebeca Maldonado, directora de Asuntos de Gobierno del consorcio.
En mayo, LUMA había informado haber recibido 1,828 reclamaciones por daños a enseres eléctricos, sin compensación alguna. Según Maldonado, solo se consideran compensaciones por “daños directos” a la persona o propiedad, pero no por desperfectos causados por fluctuaciones o apagones, los cuales estarían cubiertos por el relevo.
La representante Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño, cuestionó el proceso al afirmar que “esto penaliza doblemente al cliente que no recibirá la compensación y tuvo que incurrir en gastos de peritaje. Me parece que es crear una falsa expectativa para que al final les digan que no”.
En agosto, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, presentó una demanda para eliminar el relevo de responsabilidad de LUMA al considerar que es contrario a derecho. “Este relevo carece de base legal y contraviene la política pública de protección al consumidor y los principios constitucionales de rendición de cuentas y separación de poderes”, expresó Rodríguez Erazo ante la comisión presidida por el representante Edgar Robles Rivera.
Por su parte, el procurador del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, informó que, aunque su oficina perdió jurisdicción sobre LUMA, continúa recibiendo casos. En el pasado año fiscal se registraron 1,808 querellas de clientes, y entre julio y noviembre ya sumaban 661. “Esto proyecta que este año se van a superar los 2,000 casos de personas que, pese a que les informamos que no tenemos jurisdicción, siguen buscando orientación”, explicó.
Las quejas incluyen problemas de postes, transferencias de deuda, créditos, mantenimiento de servidumbres y errores de subsidios. García Feliciano destacó que la Ley 57-2014 redujo su capacidad de intervención en el área energética, incluyendo casos bajo la Ley 33-1985 sobre facturación excesiva.
Ante ello, exhortó a la Legislatura a evaluar los recursos asignados al Ombudsman, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y el DACO. “El gobierno de Puerto Rico no debe ser tacaño a la hora de asignar los recursos económicos”, enfatizó. El Ombudsman, con apenas 15 investigadores, atendió 30,000 casos en el pasado año fiscal, y su titular advirtió que no recibe el presupuesto proporcional a la cantidad de ciudadanos que atiende.
