LUMA Energy, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y un grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) emprendieron una ofensiva legal contra el intento del gobierno de anular el contrato del operador privado del sistema eléctrico.
Desde distintos frentes, estas partes impugnaron la premisa de que las dos demandas presentadas por la administración de Jenniffer González para invalidar el contrato deban resolverse en el tribunal estatal, argumentando que ese foro no es el adecuado para atender las controversias planteadas.
