Las tres entidades responsables del sistema energético de Puerto Rico expresaron posturas distintas sobre el posible impacto presupuestario que podría generar un reciente dictamen del Tribunal Supremo. La determinación judicial retiró la inmunidad que cobijaba a LUMA Energy frente a reclamaciones por ‘negligencia ordinaria’, una decisión que abre la puerta a demandas por parte de abonados que aleguen daños a sus equipos eléctricos.
Hasta el momento, LUMA Energy no ha ofrecido respuesta sobre cómo esta decisión podría reflejarse en sus finanzas o en los costos para los consumidores del servicio eléctrico. La falta de claridad genera preocupación sobre si los fondos públicos o los cargos a los usuarios podrían verse afectados por eventuales pagos de indemnización.
El fallo del Tribunal Supremo implica que el consorcio, encargado de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, tendría que responder directamente ante reclamaciones civiles por daños, sin la protección legal que hasta ahora lo amparaba. Analistas sostienen que este cambio podría tener implicaciones significativas en la planificación presupuestaria y en la estructura contractual del sistema energético de la isla.
