La crisis de liquidez que enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico va más allá de los conflictos contractuales con LUMA Energy. Según un análisis de El Nuevo Día, la situación también está marcada por una brecha de cientos de millones de dólares entre los gastos incurridos tras emergencias y los reembolsos federales recibidos. A esto se suma el retraso en la preparación de los estados financieros auditados, lo que dificulta tener una visión clara del panorama fiscal.
Tanto LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución, como Genera PR, responsable de la operación de las plantas generadoras, y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enfrentan un entorno financiero incierto. La falta de informes actualizados impide precisar con exactitud las fuentes y usos de los fondos desde 2021, así como las obligaciones pendientes con agencias federales y suplidores locales.
Esta combinación de disputas contractuales, limitaciones en los reembolsos y retrasos contables refleja la fragilidad de un sistema eléctrico que aún busca estabilidad tras múltiples emergencias naturales y cambios de administración operativa. El análisis de El Nuevo Día subraya la urgencia de mayor transparencia fiscal y coordinación entre las entidades involucradas para evitar un deterioro mayor en las finanzas del sistema energético del país.
