La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, presentó el Proyecto de la Cámara 1199 para enmendar la Ley 54 de Violencia Doméstica y tipificar como maltrato agravado los daños o lesiones “a propósito, con conocimiento o temerariamente” causados a una persona por nacer. La medida contempla una pena fija de 15 años de prisión, y de 99 años en los casos en que la acción provoque la muerte del concebido, en conformidad con el delito de asesinato en primer grado según el Código Penal.
“El propósito de esta ley es reafirmar el compromiso de la Asamblea Legislativa con la erradicación de la violencia, específicamente hacia las mujeres embarazadas y al ‘nasciturus’”, establece la medida.
El proyecto se presenta tres meses después de que la gobernadora Jenniffer González firmara la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que clasifica como doble asesinato el homicidio de una mujer embarazada que cause la muerte de su feto.
Posteriormente, González promulgó la Ley 18-2026, que enmendó el Código Penal para definir como asesinato el acto de dar muerte a un concebido no nacido. Aunque en su momento la mandataria consideró la propuesta redundante, finalmente decidió firmarla.
Junto a estas leyes, también se aprobó la Ley 183-2025, que modificó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. La medida fue criticada por médicos y juristas, quienes alertaron que podría representar un riesgo para los derechos de las mujeres y la práctica médica en el país.
“Es nuestro deber ministerial garantizar que tanto la madre como el ‘nasciturus’ sean protegidos durante todas las etapas del embarazo. Así continuamos fortaleciendo la dignidad humana en nuestro archipiélago”, declara el proyecto.
El PC 1199 fue referido a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por José “Che” Pérez, del Partido Nuevo Progresista.
