Los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, advirtieron que no atenderán de inmediato la nueva medida de la gobernadora Jenniffer González para eliminar el impuesto al inventario. Ambos insistieron en que esperarán a que el comité de trabajo designado para evaluar un sustituto del gravamen presente sus propuestas.
El anuncio se produjo luego de que González vetara el Proyecto de la Cámara 420, impulsado por los líderes legislativos, y presentara una nueva versión bajo la numeración PS 836 y PC 955. Esta propuesta le encomienda al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) el análisis de alternativas para reemplazar el ingreso que genera el impuesto, con la obligación de entregar informes semestrales y una recomendación final antes del 1 de junio de 2028. Mientras tanto, la medida congela el cobro durante los años fiscales 2024 a 2028.
Rivera Schatz sostuvo que la nueva legislación no ofrece soluciones concretas y reiteró que el PC 420 era un proyecto “completo y responsable” que también contemplaba una fecha límite en 2028. Aseguró que el Senado no considerará la nueva propuesta “hasta que el comité tenga alternativas específicas”. Por su parte, Méndez subrayó que la discusión debe integrar al sector privado y a los municipios, defendiendo la medida vetada como una pieza que “no afectaba los recaudos de los ayuntamientos por tres años”.
El impuesto al inventario genera unos $314 millones anuales para los municipios, de los cuales $169 millones se destinan a pagar deuda del gobierno central, $129 millones a la contribución adicional especial y $145 millones a operaciones municipales. Según Méndez, el veto “trastocó” un proceso legislativo que ya incluía propuestas para sustituir los recaudos. Rivera Schatz concluyó que la nueva pieza del Ejecutivo “es una promesa”, mientras que el PC 420 representaba “una acción afirmativa real” para resolver el problema financiero de los municipios.
