En el primer día de la nueva sesión legislativa, el Senado y la Cámara de Representantes retomaron el debate sobre la eliminación de las escoltas para los exgobernadores. Ambos cuerpos consideraron dos proyectos con enfoques diferentes: uno presentado por la gobernadora Jenniffer González y otro por el senador Juan Oscar Morales.
El proyecto de la mandataria limita el retiro de escoltas a exgobernadores convictos por delitos en foros estatales o federales, así como a aspirantes a la gobernación y a comisionado residente en Washington. La medida establece que ningún exgobernador convicto podrá solicitar ni mantener escoltas, seguridad o protección oficial.
Por su parte, Morales presentó una nueva versión de su proyecto original, idéntica al Proyecto del Senado 752, vetado previamente por González. Esa legislación proponía eliminar las escoltas a todos los exmandatarios y exfuncionarios, sin importar si habían sido convictos o no. El PS 752 había sido aprobado unánimemente, pero la gobernadora lo vetó al considerar que se alejaba de su intención inicial. En conferencia de prensa, González reiteró que no planea renunciar a su servicio de seguridad cuando deje La Fortaleza.
Durante la sesión, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 990, impulsado por la gobernadora. Los representantes Héctor Ferrer Santiago, del PPD, y Denis Márquez Lebrón, del PIP, presentaron enmiendas para eliminar las escoltas a todos los exgobernadores sin excepción, pero la mayoría del PNP las rechazó. Ferrer Santiago criticó que esa decisión demuestra la falta de disposición de la mayoría para revisar un beneficio ampliamente cuestionado.
La única enmienda aprobada fue presentada por el representante Ramón Torres Cruz, quien amplió la prohibición a cualquier funcionario o funcionaria convicta por delito. Torres señaló que, según la Ley 2-1965, un exgobernador es quien fue electo y cumplió su término completo, por lo que cuestionó la validez del beneficio extendido a Wanda Vázquez Garced, convicta a nivel federal por un delito menor electoral. El legislador incluso acudió a los tribunales para exigir la divulgación del informe que justificó mantenerle ese privilegio.
La controversia entre González y Morales, que incluyó un enfrentamiento público y el retiro de empleados destacados de la oficina del senador, marcó el inicio de una sesión legislativa que promete más choques entre la rama ejecutiva y los legisladores. El caso de Vázquez Garced, según analistas legislativos, fue el detonante para reactivar el tema de las escoltas en el debate público.
