La Cámara de Representantes aprobó con 37 votos una medida administrativa para extender de 12 a 16 años el término de nombramiento de los fiscales, procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y registradores de la propiedad del Departamento de Justicia.
Según el informe de la Comisión de lo Jurídico, “la extensión de los términos persigue fortalecer la autonomía e independencia del criterio de estos funcionarios, reducir la exposición a presiones externas y asegurar que su permanencia esté sujeta al cumplimiento de sus deberes”.
El cambio, incluido en el Proyecto de la Cámara 1019, busca armonizar con los términos de 16 años que rigen para los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. La medida sostiene que, en otras jurisdicciones de Estados Unidos, existe una tendencia a otorgar nombramientos largos o renovables para garantizar continuidad institucional.
El Departamento de Justicia respaldó la medida al considerar que refuerza la estabilidad del cuerpo fiscal y la institucionalidad de la agencia. El Senado también avaló el proyecto, identificado en ese cuerpo con el número 917, aunque al cierre de la publicación aún no se había realizado la votación final.
Durante el debate, la senadora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista (PNP), aclaró que la iniciativa no aplicará a los “procuradores especiales”, designados por el secretario o secretaria de Justicia por periodos de 12 meses para atender asuntos específicos, según dispone la Ley 205-2004. “Que no se vaya a entender que el procurador especial entra dentro de las categorías de la extensión de nombramientos, porque es incorrecto”, puntualizó.
Por otro lado, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 543, que convierte en delito grave cualquier violación a las órdenes de protección bajo la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual” (Ley 148-2015). “No se puede perder de perspectiva que esta legislación busca proteger a una víctima de su agresor por delitos altamente reprochables”, indica el informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado.
Inicialmente, la propuesta incluía penalizar de igual manera las violaciones a órdenes de protección bajo la “Ley contra el Acecho en Puerto Rico” (Ley 284-1999), pero la Comisión descartó esa enmienda por considerarla innecesaria y potencialmente conflictiva con disposiciones vigentes. La Ley 284-1999 ya contempla un sistema de penalidades escalonado y salvaguardas procesales para proteger a las víctimas y prevenir la reincidencia.
