Las representantes Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, y Ensol Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), expresaron confianza en que prospere su proyecto de ley para restringir el derecho al voto a ciertos confinados. Ambas legisladoras subrayaron la importancia de abrir el debate público sobre el tema, que calificaron como necesario luego de más de cuatro décadas en las que la población carcelaria ha ejercido ese derecho electoral.
“Esta discusión hay que traerla”, insistieron Burgos y Rodríguez, al sostener que el diálogo legislativo y ciudadano permitirá examinar si la normativa vigente debe revisarse. Las representantes también solicitaron la celebración de vistas públicas para escuchar las posturas de expertos, organizaciones y agencias pertinentes antes de avanzar en la medida.
El proyecto pretende establecer criterios específicos que delimiten qué confinados conservarían el derecho al voto, una disposición que, de aprobarse, podría modificar la práctica reconocida desde hace décadas en el sistema electoral de Puerto Rico.
La propuesta ha generado debate en distintos sectores, que advierten sobre posibles implicaciones constitucionales y de derechos humanos. No obstante, las autoras del proyecto argumentan que su intención es fomentar una conversación responsable sobre el ejercicio del voto desde las instituciones penales.
