Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a implementar las llamadas “mega audiencias”, en las que más de cien inmigrantes son citados al mismo tiempo para atender sus procesos. Expertos consultados por EFE advirtieron que esta medida busca aumentar el número de deportaciones y podría vulnerar derechos básicos.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó sobre esta nueva estrategia de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) para aliviar el atasco de las cortes, que hasta marzo acumulaban unos 3.5 millones de casos pendientes. Según Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de Práctica y Políticas de AILA, lo habitual era citar entre 20 y 30 personas por audiencia, pero ahora algunos tribunales convocan a más de cien simultáneamente, en lugares como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston.
Dojaquez-Torres expuso “serias preocupaciones” sobre el impacto de estas audiencias masivas, pues podrían realizarse tan rápido que muchos inmigrantes no reciban notificación a tiempo y sean deportados “en ausencia”. También denunció que algunos jueces están conduciendo los procesos “al estilo de un aula escolar”, pidiendo a grupos de personas que levanten la mano para confirmar que entienden lo que ocurre.
El riesgo aumenta para quienes no cuentan con representación legal ni intérpretes adecuados. Dojaquez-Torres enfatizó que las leyes migratorias son particularmente complejas y que estas audiencias podrían hacer sentir a los participantes intimidados o desorientados. Además, la mayoría de los tribunales no tienen capacidad física para acoger procesos de tal magnitud.
La situación se enmarca en una política más amplia impulsada por la Administración del presidente Donald Trump. Dado que las cortes de inmigración dependen del Ejecutivo, el Gobierno ha despedido a más de cien jueces y eliminado requisitos clave para ocupar esos cargos, permitiendo nombrar abogados sin experiencia en derecho migratorio.
Priscilla Olivarez, del Immigrant Legal Resource Center, opinó que el verdadero objetivo es impedir que los migrantes defiendan sus casos. Recordó que en 2025 el Gobierno Trump deportó unas 442,000 personas (otras fuentes hablan de más de 600,000), por debajo del objetivo de un millón de expulsiones anuales.
En Texas, las “mega audiencias” ya se han puesto en marcha. En Laredo se citó a más de 70 personas en una misma jornada y en San Antonio se espera esta semana a un grupo de 100, dividido en dos turnos. Olivarez advirtió que estos operativos podrían generar largas filas en los tribunales y aumentar el riesgo de deportaciones ordenadas sin la presencia del afectado.
La abogada también expresó preocupación por informes de que agentes podrían estar esperando fuera de las cortes para arrestar de inmediato a los migrantes luego de sus audiencias, una práctica considerada abusiva que ya se había suspendido anteriormente.
