Barcelona — La policía española registró este miércoles la sede del gobernante Partido Socialista como parte de una investigación sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a una exintegrante del grupo político. La actuación judicial se enfoca en Leire Díaz, quien presuntamente intentó influir en casos policiales y judiciales que podían perjudicar al partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El operativo en la oficina central, ubicada en el centro de Madrid, representa otro golpe para los socialistas, ya afectados por varios escándalos de corrupción. La Guardia Civil confirmó que actuó por orden judicial para recolectar material relevante solicitado por la Audiencia Nacional.
“Respetemos la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista, en que si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que antes”, dijo Sánchez en una conferencia de prensa en Roma. El presidente, en el cargo desde 2018, descartó adelantar las elecciones, previstas como máximo para el próximo año.
La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz, busca esclarecer si Díaz y otras personas recibieron pagos por presuntamente intentar desacreditar a miembros de la unidad anticorrupción y a fiscales del Estado. Díaz, quien ya no pertenece al partido, ha negado toda irregularidad.
El juez también investiga al exdirigente socialista Santos Cerdán, al que ya se le seguía un caso separado de corrupción, así como a un exmiembro del gobierno regional de Andalucía, un agente de policía, un empresario y dos abogados. Se les imputan posibles delitos de soborno, falsedad documental, tráfico de influencias y corrupción.
Esta pesquisa se suma a una serie de casos judiciales que han complicado el panorama del Partido Socialista. La semana pasada, otra corte abrió una investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate estatal de una aerolínea, hecho que él ha negado. Además, el año pasado Cerdán y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fueron señalados en una supuesta trama de comisiones ilegales durante la pandemia de COVID-19, acusaciones que rechazan.
La esposa y el hermano de Sánchez también enfrentan investigaciones por presunto tráfico de influencias, aunque ambos niegan las acusaciones. El presidente ha calificado los señalamientos contra su familia como una “campaña de desprestigio”.
Sánchez, que no ha sido vinculado directamente a ningún escándalo, aseguró que estos casos “no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos”. El registro se produjo mientras el mandatario se encontraba en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, quien planea visitar España en junio.
Pese a la creciente presión judicial, Sánchez cuenta con el respaldo de su socio menor de coalición y mantiene la intención de completar su mandato.
